Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) han adquirido una relevancia fundamental en los procesos llevados a cabo por las instituciones públicas y dependencias gubernamentales en México y el mundo. Entre las principales funcionalidades de las TIC se encuentran las herramientas a través de las cuales se busca la recaudación y rendición de cuentas tributarias, a través de mecanismos que agilicen los servicios tributarios y promuevan la transparencia.
En el deber, el pago de impuestos significa una obligación ciudadana prevista en la Constitución, de destinar parte de los ingresos al sostenimiento del gasto público, cuyo objeto sea la distribución de prestaciones o servicios públicos, administrados por el Estado, para generar bienestar social. , en un ambiente de equidad y justicia fiscal. En este sentido, la justicia fiscal representa la consecución del bien común y la igualdad. Oxfam México aporta datos que apuntan en otro sentido: “… Los contribuyentes personas físicas con ingresos superiores a los 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos federales y el 13.6% de la recaudación de impuestos federales de personas físicas en 2021”. Entre otros, una de las explicaciones está en las facilidades de dichos contribuyentes, para reducir el pago de impuestos y un sistema contributivo que excluye a las grandes fortunas o ganancias extraordinarias de una obligación tributaria consistente.
La tendencia en América Latina, según Oxfam México, es hacia la generación de políticas fiscales que incluyan el establecimiento progresivo de impuestos a las grandes fortunas, como en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Brasil. A esta tendencia se suma un creciente avance en la modernización y digitalización de los sistemas tributarios, con la intención de mejorar la experiencia en las interacciones ciudadanas con los trámites tributarios, a través de la oportunidad de acceso masivo y exponencial desde las TIC’s.
Se espera que el uso de las TIC habilite las capacidades de los contribuyentes para anticipar riesgos tributarios, identificar inconsistencias, así como “verificar la consistencia de los datos entregados a la autoridad y tener control sobre ellos, y cuando esto no funcione y se convierta en vulnerar derechos, es posible acceder a la justicia con el uso de la tecnología”, afirma Diagnóstico Fácil Empresarial, de la Universidad de Guadalajara (2020), en “El uso y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en materia fiscal: la perspectiva del contribuyente en México”.
Según datos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en 2022 recibió 30.791 solicitudes de denuncia: el 65% de personas físicas y el 35% de personas jurídicas (donde el 80% son MIPYMES). La mayoría de las denuncias están relacionadas con trámites del Registro Federal de Contribuyentes en relación con el Régimen de Fideicomiso Simplificado (Resico); devoluciones; el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); emisión de multas e inmovilización de cuentas bancarias.
A la vista de lo anterior, una vía podría ser la incorporación paralela a la implantación de sistemas digitales de cotización, ofertas de formación a ciudadanos y empresas en el manejo de módulos o sistemas tecnológicos, así como periodos de carencia en la adaptación. a entornos digitales, para facilitar, por ejemplo, la emisión de facturas, la recepción de alertas, así como opciones de soluciones ágiles, amigables en su tramitación, que contribuyan a un sistema de cotización más justo.
Colaboración realizada por Mónica Miguel Cárdenas y el equipo de Revolution 5.0 Disruptive Labs. Si quieres saber más, contáctanos a contact@disruptivelabs.mx o a nuestras redes @DisruptiveLabs, ¡con gusto te leemos!
CAMARADA
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