Todos los rostros de la crisis que remece a Perú

Una primera mirada a la grotesca crisis que sacudió al Perú indicaría que constituye un nuevo ejemplo de la debilidad adolescente experimentando la democracia en ese país y en gran parte de la región donde, salvo contadas excepciones, todo parece rezumar desorden y fragilidad. Pero en este episodio aparece otra dimensión que no debe ser descuidada.

El golpe de Pedro Castillo contra el Congreso y la Constitución deshilachado desde los primeros momentos de tonterías. El nuevo dictador fue inmediatamente abandonado por sus ministros, su vicepresidenta Dina Boluarte, las Fuerzas Armadas, la policía y la Legislatura, que lo destituyó rápidamente acusándolo de insurrecto. El final humillante fue su arresto cuando buscaba refugio en una embajada.

La conclusión, al menos una de ellas, es que en medio de la crónica pesadilla política que acorrala al Perú, agudizada desde la instauración de este gobierno, las instituciones acabaron imponiéndose.

El problema a resolver es que la estructura legislativa que salva el sistema no es mejor que la que intentó demolerlo con su ofensiva golpista. El Congreso se movió rápido, pero también para aprovechar la mala jugada de Castillo que le dio las herramientas que había estado buscando durante mucho tiempo para derribarlo.

Sin embargo, desde una visión más amplia y regional, es un hecho positivo que un intento de golpe, aun en estos contextos, no haya prosperado. El precedente habría sido letal en un espacio donde la democracia y el sistema de representación viven múltiples crisis y desafíos.

Esta dimensión alcanza una mayor jerarquía si se advierte que este desenlace constituyó un segundo dato positivo en apenas días respecto a la preservación de las estructuras republicanas con el juicio y condena por corrupción en Argentina contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El suicidio político de Castillo envió remesas a todo el hemisferio, pero en especial a la colonia política regional que desde el inicio de su gestión colocó al polémico presidente peruano como uno de los suyos. La Casa Rosada, recordemos, lo felicitó incluso antes de que los tribunales consagraran su victoria en las elecciones del 6 de junio del año pasado, bloqueadas por opacas denuncias judiciales.

En medio de las alarmantes noticias de este miércoles, salvo en el caso de Evo Morales que, como siempre, culpó al imperialismo, no hubo defensa directa desde esos sectores al líder peruano, quien también fue acusado de un grupo de causas de la corrupción eso encajaría en la narrativa creativa del lawfare.




Pedro Castillo tras su destitución acusado de violar la Constitución, escucha los cargos. foto AFP

Casi todo lo que se comunicó desde ese eje durante el día de la crisis fue en defensa de la democracia, y con consideraciones confusas sobre el hecho de que Castillo habría actuado acorralado. Pero el colombiano Gustavo Petro que tuvo cierta consideración con el colega caído, marcó de manera contundente que “la antidemocracia no se combate con la antidemocracia” violando la Constitución.

Incluso la televisión de un país que no es ni democrático ni republicano como Venezuela, se esforzó por no aparecer asociada a una pareja que pateó la estructura institucional de manera autoritaria.

imitación del fujimorazo

Lo que se percibe a sí mismo como la izquierda regional estaba mayormente en un aprieto frente a este evento. Es indiscutible que Castillo cerró el Parlamento y anunció un gobierno de emergencia decretando toque de queda nacional. Un paso autoritario que imitaba la dictadura de alberto fujimori y que no funcionó porque le faltó el alineamiento que tuvo ese tirano de los militares.

Quien tomó el desafío y su tremenda seriedad con mayor claridad fue el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sostuvo que «la destitución de Castillo fue adherido a la ley dentro del marco constitucional». y exigió que el nuevo gobierno pacificara el país.

El presidente caído es un maestro del interior, sin una ideología clara que fue en el pasado candidato regional por un partido de derecha y luego, camino a la presidencia, breve aliado de una fuerza fundamentalista de ultraizquierda, Perú Libreabrazada por un comunismo primitivo que aún no ha registrado la caída del muro ni los cambios en el mundo.

Pero lo central es que Castillo gobernó con torpeza, sin capacidad de liderazgo, cambiando hasta 17 veces de ministros e involucrado en denuncias de corrupción que enredaron a su familia y allegados. Todos los casos que de una forma u otra lo iban a llevar a despido o suspensiónque habría tratado de impedir con su giro autoritario golpista.

Para los partidos conservadores, en particular la ultraderecha encabezada por Keiko Fujimori, hija del dictador y ella misma involucrada en graves denuncias verificadas por los tribunales de corrupción vinculadas a negociaciones con la constructora brasileña Odebrecht, la mandataria estaba un objetivo para derribar.

Castillo fue acosado no sólo por sus propios errores y delirios, sino también por una acérrima disidencia que buscaba consumar lo que no se logró en las elecciones en el que el fogoso líder derechista acabó derrotado por una mínima diferencia.

Esas urnas fueron el extremo de la ruptura de la fe pública en el poder de la democracia y la política para resolver la histórica crisis social en el Perú que emerge de la concentración de la renta en una minoría, clave básica pero igualmente negada para entender la inestabilidad crónica del país andino.

El problema peruano ahora está de frente. Desde la caída del régimen de Fujimori, crisis de creciente gravedad se han intensificado con un abultada lista de líderes que terminaron procesados y en la cárcel, en algunos casos la oposición abusando del poder de denuncia.

Este precedente pone en un cono de dudas la destino del nuevo gobierno que asumió el miércoles el cargo encabezado por el centroizquierdista Boluarte.

La mandataria, exvicepresidenta de Castillo, es una abogada inicialmente vinculada a Perú Libre, pero que rompió con esa fuerza a partir de dos ejes importantes que definen su lugar político: Boluarte rechaza la nacionalización general de la economía o intervención y control de la prensa independiente.

La nueva presidenta peruana Dina Boluarte, exvicepresidenta de Castillo.  foto AFP


La nueva presidenta peruana Dina Boluarte, exvicepresidenta de Castillo. foto AFP

De esta manera, se sumaría a la corriente que circula tenuemente en la región de formato socialdemócrata con destellos de liberalismo clásico, en el sentido republicano, no económico, como es el caso del líder del PT o del chileno Gustavo Boric que es generalmente simplificado como izquierda.

Es poco probable que pueda gobernar hasta el final del mandato en 2026, pero atención a la serenidad y coherencia de su discurso tras el juramento en el que llamó a una tregua y prometió formar un gabinete de amplio espectro, posiblemente logre consolidar y organizar el país.

Aunque se enfrentará a las mismas fuerzas que hostigaron a Castillo, tendrá una diferencia central a su favor: la caída del presidente dejó a esos adversarios sin el elemento exclusivo que los mantenía aliados.

Estados Unidos y Brasil

Hay otro ángulo de este episodio que debe tenerse en cuenta. La conocida noción de la necesidad de un adulto en la habitación es una evaluación del liderazgo citada a menudo en el análisis político de los Estados Unidos.

Ocurrió ante la improvisación con la pandemia o con el caos golpista del fin del gobierno de Donald Trump. El concepto significa que alguien responsable debe hacerse cargo y prevenir o contener desastres. La notable cercanía que la Casa Blanca demócrata expresa ahora con Lula da Silva parece orbitar con esa idea respecto a la región.

Joe Biden, quien el lunes envió una delegación de alto nivel para entrevistar al presidente electo del PT y comprometerlo a una cita urgente en Washington –será recién después de la juramentación del 1 de enero–, apuesta por el liderazgo regional del brasileño a anticipar crisis como la que acaba de sacudir al Perú.

También para presionar por cambios en la zona que aseguren la democracia y así contribuir a reducir la incursión de migrantes que desde Venezuela, Nicaragua, Haití o Cuba llegan a las fronteras estadounidenses. Un frente de miseria que se amplificaría si se profundiza un deterioro institucional generalizado en estas regiones.

No es el único argumento. También está la seducción de competir con la influencia china en la región. Estados Unidos mira la historia. En sus gobiernos anteriores Lula se encargó de estas tareas.

Lo hizo con su ejército, al mando de la misión de apaciguamiento en Haití durante más de una década y, más en secreto, interviniendo en la política peruana en el momento de la candidatura y mandato de Ollanta Humala que fue plantado por un asesor, casualmente argentino, para volcarlo prolijamente al centro.

También lo hizo de forma más directa a otros niveles, proponiendo a Hugo Chávez o al colombiano Álvaro Uribe que «cualquier político que se considere imprescindible o insustituible se convierte en dictador… La democracia es alternancia”.

El mismo Lula lo recordó hace unas semanas en una extensa entrevista con El economistauna ventana central del mundo del norte.
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