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un estado que difunde información errónea en medio de la pandemia

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Venezuela es considerada uno de los cinco países del mundo donde el estado ha desarrollado mayores capacidades para realizar operaciones de publicidad online. El Estado venezolano ha estado realizando operaciones de ciberacoso utilizando trolls desde al menos 2009 y operaciones automatizadas para impulsar las tendencias de opinión desde 2010. La pandemia COVID-19 ha sido otro territorio para las operaciones de guerra de información llevadas a cabo por el aparato de comunicación oficial venezolano.

En estado de alarma por la pandemia de COVID-19, el Estado venezolano continuó con sus prácticas sistemáticas de vulneración de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, en este caso personal de salud, pacientes, migrantes y periodistas.

Los médicos y enfermeras fueron acosados ​​por denunciar el colapso del sistema de salud pública, incluso en comunicaciones privadas, como su estado en WhatsApp o notas de voz originalmente destinadas a amigos, que se volvieron virales.

Uno de los casos emblemáticos es la detención de Julio Molina, médico de 72 años, acusado de provocar pánico, provocar estrés en la comunidad e incitar al odio. Esta detención arbitraria se llevó a cabo con el argumento de que la Ley Contra el Odio era inconstitucional, luego de que Molina informara que el Hospital Núñez Tovar en el oriente del país no contaba con suministros para atender la emergencia.

Si bien parece que las campañas dirigidas a promover las perturbaciones de la información conciernen únicamente al ecosistema digital, en el contexto venezolano se evidencia la existencia de estrategias de perturbación de la información por medios tradicionales, al menos desde 2002. En el campo de las perturbaciones de la información asociadas al COVID – 19, la televisión de señal abierta, específicamente los canales bajo el control del Estado venezolano, a menudo se han utilizado para introducir contenido engañoso, manipulado o propagandístico.

El segundo canal de difusión de este tipo de contenidos por parte del oficialismo fue Twitter, a través de las redes oficiales de la administración pública; el tercer canal fue WhatsApp, principalmente con el uso de notas de voz que simulaban filtraciones; y la cuarta vía fueron los canales gubernamentales en Telegram, donde diariamente se envían órdenes operativas para colocar etiquetas oficiales.

Finalmente, las etiquetas oficiales cuentan con el apoyo de decenas de miles de usuarios del Sistema Patria que se activan como tuiteros patrióticos para optar a los bonos de un centavo de dólar que se distribuyen entre quienes usan las etiquetas de la época.

En Twitter, observamos un patrón de introducción de operaciones de desinformación a través de comentarios en respuestas a tweets de periodistas populares, utilizando informes no auténticos. También notamos que las cuentas no auténticas a menudo usan seudónimos y sus imágenes de perfil tienden a parecer generadas por inteligencia artificial.

También hay indicios del uso de granjas de trolls y operaciones de astroturfing, que simulan las opiniones orgánicas de los ciudadanos o activistas de base, pero que en realidad responden a líneas de propaganda que apuntan a presentar como eficiente la gestión oficial de la epidemia.

Se realizaron operaciones de desinformación que comienzan con rumores o filtraciones en WhatsApp, generan debates polarizados en Twitter y terminan en desmentidos en los canales de comunicación oficiales, como fue el caso de la noticia sesgada de la instalación de hornos crematorios en el estacionamiento del Centro de diversões Poliedro en Caracas.

Entre los disturbios informativos más importantes registrados en Venezuela en el año de la pandemia, destaca la estigmatización del retorno de migrantes venezolanos como “armas biológicas” contra el país. Tanto Nicolás Maduro como otros funcionarios de su gobierno llegaron a decir en programas de televisión oficiales que los migrantes que regresaron son “armas biológicas” introducidas en Venezuela por el presidente de Colombia, Iván Duque.

El 20 de mayo de 2020, Nicolás Maduro acusó públicamente al gobierno colombiano de “contaminar” a Venezuela con autobuses llenos de personas infectadas. La declaración de Maduro marcó el inicio de una política gubernamental para estigmatizar a los migrantes. Las órdenes oficiales eran denunciar a los retornados por correo electrónico, marcar las casas donde había migrantes sospechosos y concentrar a los migrantes en centros de confinamiento.

Además, se mantuvo un discurso oficial incriminatorio sobre bioterrorismo contra Colombia y Brasil, países acusados ​​de infiltrar el virus en sus fronteras con Venezuela.

La valoración negativa o positiva de las vacunas según el lugar de origen de su desarrollo, y no según criterios científicos, ha sido otra constante en los últimos seis meses. La llegada al país del primer lote de vacunas rusas contra el Sputnik se conmemoró con la “etiqueta del día” #SputnikVEnVenezuela, transmitida por el aparato de comunicaciones oficial, incluidos altos dirigentes del PSUV, estructuras militares como las Zonas Operativas de Defensa Integral) y Regiones Estratégicas para la Defensa Integral (REDI).

Por el contrario, a fines de marzo de 2021, el aparato de comunicación oficial lanzó una campaña informativa sesgada para justificar su negativa a darle a Venezuela la vacuna AstraZeneca, que la Asamblea Nacional liderada por fuerzas prodemocratizadoras logró obtener a través del mecanismo COVAX. Organización Panamericana de la Salud.

El aparato de comunicación oficial, con el propio Nicolás Maduro como portavoz, también se dedicó a la difusión de contenidos pseudocientíficos, en un país con poco acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

En el primer ciclo de contagio en Venezuela, a través de canales estatales, promovieron fuertemente el uso de una mezcla casera con malojillo o verbena de limón como ingrediente principal que supuestamente curaría el COVID-19. En la cadena nacional de radio y televisión, Nicolás Maduro dio a conocer la fórmula de Sírio Quintero, compuesta por seis ingredientes: verbena de limón, jengibre, pimienta negra, cáscara de limón, jugo de limón, miel y saúco, como remedio contra el coronavirus.

A principios de 2021, el dispositivo de comunicación oficial lanzó la marca registrada Carvativir como cura milagrosa para el COVID-19, unas gotas cuyo ingrediente activo es el isotimol, muy utilizado como desinfectante oral y en fármacos antiparasitarios.

Para el lanzamiento comercial de Carvativir, se combinaron estrategias para legitimar la pseudociencia (utilizando un artículo científico falso publicado en la plataforma de intercambio de documentos Scribd), una apelación a los mercados naturistas y una apelación a las creencias religiosas (denominación secundaria “gotas milagrosas José Gregorio Hernández”, refiriéndose al médico venezolano en proceso de canonización por parte de la Iglesia Católica).

* La mayoría de los datos a los que se hace referencia en este artículo provienen del estudio: Trastornos de la información propagados en Venezuela, a través de WhatsApp y redes sociales, en medio de la pandemia COVID-19, (https://covid.infodesorden.org/) realizado por Puyosa ; Madriz; Alvarado; Andueza; Córdoba; Y Azpúrua (2021).

Iria Puyosa es investigadora en comunicación política. Miembro del Instituto de Investigaciones en Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO / UCV). Presidente de la Sección de Estudios Venezolanos de LASA (2018-2020). Profesor invitado en la Universidad de Brown. Médico de la Universidad de Michigan.

Copyright Latinoamerica21.com y Clarín, 2021.

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