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un mecanismo orwelliano –


La taxonomía de las finanzas sostenibles de la Comisión Europea tiene todas las características de la gobernanza fallida: opacidad, imprecisión y subjetividad con un enfoque punitivo, aunque no asumido, escribe Daniel Guéguen. En resumen, es un mecanismo orwelliano, argumenta.

Daniel Guéguen es profesor del College of Europe y socio asociado de EPPA, una consultora especializada en gestión.

La palabra “taxonomía” huele a autoridad y hace pensar en una especie de estatismo económico. El Reglamento 2020/852 de 18 de junio de 2020, adoptado mediante codecisión, establece un “marco para la inversión sostenible”, es decir, la inversión que contribuye a la protección del medio ambiente. Está inspirado en la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2015, el Acuerdo de París de 2016 y el Plan de Acción de la Comisión de 2018 para financiar el crecimiento sostenible. El Reglamento sobre taxonomía se inscribe en la agenda del Green Deal pero, en realidad, es anterior.

El Reglamento 2020/852 se puede resumir en pocas palabras: abandonando toda ambición legislativa, encomienda a la Comisión la adopción de actos delegados para determinar si una actividad económica es sostenible o no daña el medio ambiente.

De esta forma, la Comisión se convierte en el poder que regulará los temas de vital importancia. Lo mismo ocurre con el proyecto de Ley del Clima, que propone otorgar a la Comisión el poder mediante actos delegados para fijar la trayectoria de reducción de la huella de carbono de Europa.

Actos delegados: multa, pero no sin contrapoderes.

El artículo 290 del TFUE establece: “Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos no legislativos de aplicación general para complementar o modificar determinados elementos no esenciales del acto legislativo”. Las medidas sujetas a actos delegados con arreglo al Reglamento 2020/852 son obviamente esenciales, pero el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron lo contrario.

Sin embargo, el poder de supervisión de los Estados miembros sobre los actos delegados es muy débil. Los comités de comitología, anteriormente responsables de este tipo de medidas “cuasi legislativas”, ya no existen, sustituidos por meros grupos de expertos con la misma composición (representantes de cada Estado miembro y presididos por la Comisión), pero con una función puramente consultiva, CON NO HAY DERECHO A VOTAR.

En taxonomía es peor, la Comisión se negó a comunicar su proyecto de acto delegado al grupo de expertos, en contra de sus compromisos escritos. El borrador, que se suponía debía aprobarse a finales de diciembre tras someterse a una consulta pública de cuatro semanas, todavía no había sido visto por los Estados miembros una semana antes de su publicación. (nota del editor: finalmente se publicó el 20 de noviembre y está disponible aquí). Gracias a los medios de comunicación, tras su filtración se puso a disposición del público un borrador del acto delegado. ¿Quién permitió que se filtrara este texto? ¿Era la última versión o un borrador preliminar? Nos encontramos profundamente en el territorio de la mala gobernanza, a un nivel nunca antes visto.

Contrapoderes organizados por la propia Comisión

Si uno pregunta a la Comisión en qué opiniones se basó para redactar este acto delegado y sus anexos, seguramente responderá diciendo “¡nunca consultamos tanto!”. Y eso no es falso.

¿Pero a quién se consultó? En 2018, la Comisión creó un Grupo de Expertos Técnicos (TEG) sobre Finanzas Sostenibles que elaboró ​​un Informe Técnico sobre Taxonomía que abordaba todas las cuestiones vinculadas al clima: agricultura, silvicultura, manufactura, energía, transporte, construcción, gestión del agua, etc. son estos expertos?

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¿Representan la “economía real”? No: son principalmente banqueros, aseguradores, reaseguradores, representantes del Banco Europeo de Inversiones, BERD, BCE, etc. En octubre de 2020 se creó un segundo comité de “partes interesadas” para reemplazar al TEG, denominado Plataforma de Finanzas Sostenibles . Está compuesto por la industria, las ONG y las organizaciones financieras, pero estos se eligen a través de una convocatoria de candidaturas basada en criterios considerados subjetivos y, por tanto, cuestionables por los candidatos no seleccionados.

De todo esto ha resultado una increíble montaña de documentos. ¡El Informe Técnico de Taxonomía tiene 420 páginas, los dos anexos del acto delegado a 500 páginas! Sobre todo, es la falta de precisión en todo lo que sorprende. Las preguntas frecuentes de 150 páginas (preguntas frecuentes) plantean más preguntas de las que responden. A pesar de una lectura atenta de todos estos documentos, no se comprende nada. Ciertos sectores celebran que no se mencionen en el acto delegado, ¡otros se desesperan! Si desea ser escuchado, ¿por quién? DG FISMA que lleva el expediente, DG CLIMA o DG GROW… uno busca al interlocutor adecuado pero nunca lo encuentra, ya que todo parece estar deliberadamente congelado.

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Una ausencia total de rigor científico

Para un tema de tanta importancia, cabría esperar cierto rigor científico. Incluso si los cabilderos que expresan sus puntos de vista lo hacen en un lenguaje diplomático, sus mensajes son claros. Business Europe recomienda armonizar los estándares existentes en lugar de crear nuevos. Lamentan que no se tengan en cuenta los avances tecnológicos, la carga administrativa y el carácter “punitivo” del mecanismo propuesto. Para CEFIC (la industria química), los errores y las conjeturas técnicas son innumerables.

En cuanto a COPA-COGECA, destacan que el borrador de taxonomía añade limitaciones que van más allá de los compromisos acordados recientemente en la reforma de la PAC. El sector energético está preocupado por el gas, que no se menciona en esta etapa a pesar de ser una energía de transición obvia para cualquier observador de buena fe. La energía nuclear está ausente a pesar de no emitir CO2. La industria del automóvil, el equipamiento del hogar y, en general, la industria manufacturera están preocupados por saber si sus anuncios deberán incluir o no la mención de “X% de vehículo sostenible” o “X% de lavadora sostenible”, el porcentaje de sostenibilidad varía de un vehículo y máquina a otra.

Regrese el problema a lo básico

Para la Comisión, la taxonomía es “una herramienta europea para ecologizar la economía”. Por tanto, es una especie de brújula, barómetro o indicador que revelará el grado de neutralidad de carbono de cada sector, cada negocio, cada producto.

En todo caso, será necesario publicar el porcentaje de lo que es sostenible y lo que no. Actualmente no se prevén sanciones económicas, pero se está trabajando en un posible sistema de etiquetado (verde, marrón, etc.).

Todo indica que la taxonomía es como una superpotencia burocrática que supervisa la economía europea, los procesos industriales y los reglamentos técnicos existentes. Aparte de ser intrusivo, estatista y orwelliano, tal sistema no puede basarse en conjeturas, medias respuestas y falsedades.

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