Como escribí hace más de un mes en la vanguardia (10 de febrero), “mejor sin presupuestos”, ya que una prórroga permite quitar las presiones sobre el gasto en pleno proceso electoral. Finalmente, Pedro Sánchez parece haberlo aceptado, aunque no porque sea lo mejor para la economía, sino porque no le queda otra opción. Tras las elecciones anticipadas en Cataluña, el bloque in lorem ipusm dolor etnumnvestidura se ha resquebrajado.
Por su propia naturaleza, un presupuesto ampliado tiene un carácter restrictivo, ya que no permite introducir nuevos gastos ni nuevas inversiones. Sólo se actualizan las pensiones y salarios de los funcionarios públicos para compensarles por el aumento de precios. Por tanto, la prórroga se convierte en la mejor manera de contener el déficit público en el 3,6% como exige la Comisión. Se trata de un ajuste en frío o un ajuste por la puerta trasera para eludir las exigencias de los socios del Gobierno.
El Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso esta semana El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso esta semana
Lógicamente, esto ha molestado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pretendía instrumentalizar un fuerte incremento de las ayudas a la dependencia como bandera de Sumar para las elecciones vascas, catalanas y europeas. Tendrá que esperar. Lo mismo ocurre con Podemos, que también tenía en cartera la “carta a los Reyes Magos”. Por no hablar de los independentistas vascos y catalanes, que pretendían utilizar las cuentas del Estado como parte de su campaña.
La vicepresidenta María Jesús Montero es consciente de que aprobar los presupuestos con el bloque de investidura sale muy caro. Es “un lujo” que sólo se puede permitir una vez a lo largo de toda la legislatura. El déficit y la deuda ya son lo suficientemente altos como para permitir nuevas desviaciones sin que Bruselas se lamente.
Por tanto, hay que aprovechar lo ya discutido con los partidos que apoyan al Gobierno para negociar los presupuestos de 2025. Estas cuentas podrán volver a ampliarse para el año 2026 y llegar así a la convocatoria de elecciones en 2027. Es decir, Pedro Sánchez puede garantizar permanecer en el Ejecutivo hasta el final de la legislatura.
Una vez pase el segundo trimestre de este año, en el que coincidirán tres citas electorales (vasca, catalana y europea), el panorama político se aclarará. Sin tener encima la espada de Damocles de la amnistía y sin nuevas citas en las urnas, se abre una ventana de oportunidad para apoyar una serie de reformas estructurales que son las que verdaderamente determinarán el futuro de España.
Se trata de la transición energética y digital, la reindustrialización, el impulso tecnológico, la reforma educativa o el buen funcionamiento de las instituciones, empezando por la justicia.
Es decir, a partir del tercer y cuarto trimestre del año, España tendrá la oportunidad no sólo de evitar una crisis económica, sino de dar un salto adelante. Será el momento de reactivar la inversión privada, que se ha desplomado desde 2019, aumentar la productividad y mejorar la renta per cápita para volver a la senda de la convergencia con la UE.
El problema para poder aprovechar esta ventana de oportunidad es la fuerte tensión que existe entre los dos principales partidos. El intento de Pedro Sánchez de destruir al PP y a sus dirigentes y viceversa está convirtiendo esta legislatura en una legislatura perdida.
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