La ley favorita del Gobierno español, aquella que el PSOE y Unidas Podemos aseguraron que saldrían adelante en el acuerdo de coalición de 2019, gracias al que gobiernan España, sólo les trajo quebraderos de cabeza: su aplicación provocó nefastas consecuencias y la «ajustaron» tratar para remediar los males que provoca, los confronta, una vez más, con más desgaste como socios gubernamentales.
Esta es la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “la ley del solo sí es sí”: se centra en el consentimientolo que se torna determinante a la hora de juzgar los delitos sexuales.
La nueva ley establece que se considerará agresión sexual todo acto sexual en el que no haya mediado el consentimiento.
Ya no distingue entre abuso y agresión y amplía las conductas punibles considerando que la agresión no necesita de la violencia o la intimidación para ser valorada como tal. Quienes hayan sufrido algún tipo de agresión sexual ya no tendrán que demostrar que fueron víctimas de violencia o que resistieron.
La medida se celebró como un logro crucial del Ministerio de Igualdad, de la mano de Podemos a través de su ministra, Irene Montero.
“Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales”, dijo la ministra Montero, principal vocera de la ley que nació como reclamo en casos polémicos como el de La Manada, el violación en grupo sufrida por una joven de 21 años durante los Sanfermines de 2016.
¿Beneficio para los violadores?
Lo que no contemplaba la nueva ley es que, al modificar el rango de algunas penas, el reglamento beneficiaba violadores y agresores sexuales que podrían solicitar la revisión de sus condenas y ser favorecidos. Cómo pasó.
El delito de agresión, por ejemplo, ahora corresponde a una pena de cuatro años de prisión, mientras que en el Código Penal anterior era un delito castigado con seis años de prisión.
Desde la entrada en vigor de la ley del único sí es sí, hace cuatro meses, en España se han producido más de 300 rebajas de pena que han provocado pánico entre las víctimas y preocupación en la sociedad.
“El machismo puede hacer que los jueces apliquen una ley defectuosamente”, intentó defenderse la ministra Montero cuando el goteo de condenados por delitos sexuales comenzó a pedir revisar sus casos.
Difícil reto para Pedro Sánchez
Los líderes de Podemos insistieron, desde el primer momento, en que no era un problema de la norma, sino de la Mala interpretación que hicieron algunos juzgados y audiencias provinciales.
El presidente Pedro Sánchez, que se refirió a la ley como «una conquista feminista para reforzar la seguridad de las mujeres», resistió e intentó mantener intacta la nueva normativa hasta ahora.
Pero este 2023 será un gran desafío por él y no está dispuesto a dar pasos en falso. A partir de mayo habrá elecciones municipales, autonómicas y generales. Y el líder del PSOE aspira a diluir el coste político que le pueden acarrear las contradicciones de la ley del único sí es sí.
Por eso, desde hace días, miembros del Gobierno y altos cargos del partido han estado «filtrando» que se está trabajando en una «solución» de la regla
«La mejor manera de defender la ley es hacer los ajustes técnicos para evitar que se produzcan estos efectos (adversos)», ha dicho este martes Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa semanal que se celebra en el Palacio de la Moncloa tras la reunión de gabinete de cada martes.
“El problema ha estado relacionado con las sanciones y, por tanto, donde se están realizando estos trabajos técnicos entre (los ministerios de) Justicia e Igualdad es precisamente en ajustar, desde el punto de vista legal y técnico, para que no se produzca esta disminución”. en la sentencia y, por tanto, esas ventajas en quienes hayan sido condenados por agresiones sexuales”, añadió la portavoz.
El Ministerio de Igualdad hizo pública su voluntad de aumentar algunas penas mínimas para los delitos más graves, pero se niega a «tocar o modificar» el concepto de consentimiento. Lo consideran el eje fundamental de la nueva ley.
Podemos tampoco está dispuesto a añadir cláusulas que impliquen la reintroducción en el Código Penal de la violencia y la intimidación para evaluar las penas, como hacía la anterior ley sobre delitos sexuales, posibilidad que sí baraja el PSOE.
«Al PSOE le gustó esta ley, a Pedro Sánchez le gustó esta ley y lo dijo públicamente», añadió el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.
«Un presidente del Gobierno tiene que tener la talla política suficiente para cumplir su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y la extrema derecha», dijo Iglesias.
“Sugiera a su compañero de Gobierno que o acepta lo que hago, que es acabar con la ley del solo sí es sí, que es traicionar a las mujeres que se manifestaron, o le doy la razón al PP (Partido Popular), pues buena Suerte Si Pedro Sánchez accede a esto con el PP, lo pagará», advirtió el exvicepresidente.
“El gobierno nunca ha considerado tocar ni siquiera una coma cuando se trata de consentimiento. El consentimiento es la esencia de esta norma. No será tocado. Tampoco se oculta que se trata de una reforma compleja para conseguir que se sigan produciendo estos efectos no deseados en su aplicación”, ha remarcado este martes la ministra portavoz del Gobierno de Sánchez.
“Esta es una norma deseada, que se inspiró en el movimiento feminista después de aquella sentencia (la de La Manada) que nos heló el alma a todos. Protestamos en la calle y afortunadamente hoy está en el BOE (Boletín Oficial del Estado) dar respuesta a estas mujeres, pero una vez que ha entrado en vigor se ha detectado que se han producido estos efectos en su aplicación que ni siquiera quererlo fue la voluntad de la norma”, insistió el ministro.
El caso de la Manada
En 2018, una primera sentencia condenó a los cinco amigos que habían violado a la niña en los Sanfermines de 2016 a 9 años de prisión por abuso sexual. Los integrantes de La Manada, sin embargo, continuaron en libertad provisional.
Un año antes, la declaración de la víctima había sido cuestionada porque un informe privado encargado por la defensa de los imputados dudaba de que la joven hubiera podido «volver a hacer una vida normal» tras la agresión que ella misma había denunciado.
El Gobierno de Navarra, cuya Audiencia había condenado a La Manada, recurrió entonces la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Manifestaciones a favor de la víctima y el video «Hermana, yo sí te creo» en el que decenas de voces respaldaron lo declarado por la joven y que se hizo viral desencadenó una audiencia pública en 2019 donde El Tribunal Supremo condenó a 15 años de prisión por violación a los cinco integrantes de La Manada que fueron inmediatamente detenidos.
La Corte también encontró agravantes por trato vejatorio y por haber actuado en grupo.
“Esta ley fue aprobada por el Consejo de Ministros, estuvo un año más en el parlamento y recibió el apoyo de más de 200 diputados en el Congreso y el Senado. Estoy convencido de que ninguno de esos 200 diputados quería los vicios indeseados que se están produciendo y que han generado una inquietud social que desde el Gobierno hacemos nuestra”, dijo la ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. , Félix Bolaños, el martes. .
Madrid. Corresponsal
antes de Cristo