Venezuela: Misión internacional independiente observa responsabilidades por crímenes de lesa humanidad

La misión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha hecho público este martes en rueda de prensa su último informe en el que indica que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan de forma coordinada y estructuras efectivas para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

En el informe, la Misión insta a las autoridades a investigar sus responsabilidades y juzgarlas en consecuencia.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados. y juzgados conforme a derecho», dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Represión de la disidencia a través de las agencias de inteligencia del Estado

Según un comunicado de prensa de la Misión, el informe “presenta un análisis detallado del papel que desempeñaron las personas en los diferentes niveles de las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras altas autoridades para reprimir la oposición al Gobierno”.

La Misión afirma haber documentado 122 casos de víctimas quienes fueron sometidos a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta” en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.

Según los informes, el SEBIN también torturó o maltrató a detenidos, incluidos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención “El Helicoide” en Caracas.

La Misión ha investigado 51 casos ocurridos desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron dadas por autoridades de alto nivel a funcionarios de menor rango.

Y agrega que las violaciones y crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta el día de hoy, pues se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”.

OPS/Karen González

migrantes venezolanos.

Violaciones y abusos a los derechos humanos en la región del Arco Minero

En otro informe también difundido este martes, este mismo mecanismo pone la lupa sobre la situación en zonas mineras remotas y destaca que la situación en el estado Bolívar, en el sur del país, donde asegura que actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y delitos contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.

El documento indica que desde que, en 2016, el Gobierno venezolano estableciera el Arco Minero del Orinoco como “Zona Nacional de Desarrollo Estratégico”, la zona ha sido fuertemente militarizada, mientras grupos criminales armados continúan operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones. .

Entre otras violaciones a los derechos humanos, el informe habla de privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género.

En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión indica que ha documentado a profundidad varios casos en los que fuerzas del Estado han atacado a poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos cita “los enfrentamientos ocurridos en 2019 luego de que la oposición intentara trasladar ayuda humanitaria a la Gran Sabana desde Brasil, cuando fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra indígenas”.

“Nuestro informe destaca la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero que, al mismo tiempo, genera riquezas legales e ilegales a partir de minerales en cantidades inmensas”, dijo Patricia Tappatá Valdez. miembro de la Misión.

La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y ex funcionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.

Las entrevistas se realizaron tanto en persona como de forma remota, utilizando conexiones seguras de teléfono o video. Además, se analizaron expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los hechos.

La Misión visitó zonas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 sigue sin poder acceder a territorio venezolano.

*En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) a través de la resolución 42/25, por un año, para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. En octubre de 2020, a través de su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos extendió el mandato del MIIV por dos años más, hasta septiembre de 2022.

Con información de un.org