El 22 de junio, la ONG venezolana “Ve Sin Filtro” denunció, con base en el “Informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021” de la empresa Telefónica, “el uso indiscriminado y masivo de la interceptación de comunicaciones de suscriptores venezolanos de ese operador, por orden de los organismos de seguridad”.
Telefónica, matriz de Movistar, opera en Venezuela desde 2005. Con el 49,83% del mercado y aproximadamente 8 millones de líneas en uso, Telefónica (Movistar) es la mayor empresa proveedora de servicios de telefonía móvil en el país, según el informe 2020 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Desde 2015, Telefónica publica anualmente un informe titulado «Transparencia en las Comunicaciones». Hasta la fecha, ha publicado siete informes. Según este último, durante el año 2021 Telefónica realizó 1.584.547 interceptaciones a sus líneas telefónicas en Venezuela, las cuales afectaron alrededor del 20% de sus accesos (clientes) en el país. Estas intervenciones telefónicas respondieron a 861.004 solicitudes de autoridades del gobierno venezolano. (Ministerio Público; Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas; Servicio Bolivariano de Inteligencia; Policía; Universidad Nacional Experimental de Seguridad).
La cifra del 20% de accesos afectados (clientes) en Venezuela sorprende si se observa que durante el mismo año en el resto de países donde Telefónica presta este tipo de servicio (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador , España, México, Perú, Reino Unido y Uruguay) las intervenciones judiciales realizadas por la empresa no alcanzaron en ningún caso al 0,3% de sus accesos (clientes) desde esos países, según los cálculos realizados por “Ve Sin Filter” .
Cifras en aumento
Otras cifras a tener en cuenta para evaluar la anormalidad de la situación venezolana es el hecho de que el número de solicitudes de intervenciones telefónicas y accesos afectados (clientes) viene aumentando anualmente de manera muy pronunciada desde 2013 (reportado en el informe de 2016), hasta 2021, año del último informe.
Entre 2013 y 2021, Telefónica recibió en Venezuela los siguientes montos de requerimientos de Interceptación telefónica por año: 186.659 (2013); 235.201 (2014); 339.646 (2015) 380.250 (2016); 234.932 (2017); 639.911 (2018); 651.446 (2019); 736.498 (2020); y 861.004 (2021). Las solicitudes a Telefónica, por tanto, se multiplicaron casi por cinco entre 2013 y 2021. En total, durante ese periodo de tiempo, Telefónica recibió y tramitó 4.265.547 solicitudes de interceptaciones telefónicas de las autoridades venezolanas.
En cuanto a la cantidad de accesos (clientes) afectados por las solicitudes antes mencionadas durante ese período, los informes de Telefónica solo reportan cifras para Venezuela de 2016. Sin embargo, el dato es igualmente alarmante. Entre 2016 y 2021, las intervenciones de comunicación realizadas por Telefónica afectaron al siguiente número de accesos (clientes) por año: 418.960 (2016); 234.932 (2017); 1.091.668 (2018); 1.212.732 (2019); 1.401.311 (2020); y 1.584.547 (2021). Se puede observar que entre 2016 y 2021, el número de accesos (clientes) afectados casi se cuadriplicó. En total durante esos seis años, Telefónica afectó 5.944.150 accesos (clientes) en Venezuela.
Estas cifras aquí referidas son solo una parte del uso masivo de las intervenciones de comunicación en Venezuela, ya que solo corresponden a las “interceptaciones legales” realizadas por Telefónica, empresa que opera el 50% de las líneas de telefonía celular del país. Respecto al otro 50%, las empresas Digitel y Telcel, cada una con el 25% del mercado, no hay datos ya que estas empresas nunca han brindado este tipo de información. Telcel es una empresa del Estado venezolano. No hay por qué, sin embargo, suponer que en este 50% restante la situación haya sido muy diferente a la de Telefónica.
La comparación entre las altas cifras de intercepciones telefónicas en Venezuela (20%) y las bajísimas cifras de países similares de la región, como Brasil (0,28%); Argentina (0,05%); Chile (0,05%) o Colombia (0,00%) hacen inadmisible tratar de justificar todo ese volumen de intervenciones telefónicas como recurso legal para combatir la delincuencia en el país. De ahí que múltiples defensores de derechos humanos en Venezuela hayan calificado estas intervenciones como parte de una política de vigilancia estatal masiva a la ciudadanía.
Interceptación de comunicaciones personales en entornos no democráticos
Para los ciudadanos venezolanos, esta intervención sistemática y desproporcionada del gobierno en su vida privada se ve agravada por la ausencia en el país de un verdadero estado de derecho, como se ha constatado y reflejado desde hace varios años en los informes de organismos internacionales y nacionales. sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La Constitución venezolana, en su artículo 48, garantiza “el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas” y establece que “no podrán ser intervenidas sino por orden de tribunal competente, con cumplimiento de las disposiciones legales y preservando el secreto de la intimidad que no esté relacionado con el proceso correspondiente”. ”. Y así mismo, en su art. 60, el texto constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de su honra, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.”. Sin embargo, en la práctica, son muchos los venezolanos que se han encontrado en una situación de total indefensión frente al escarnio público y/o procesos judiciales como consecuencia de intervenciones arbitrarias, muchas de ellas ilegales, de sus comunicaciones personales.
Por ejemplo, “en 2020 se registraron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos a través de WhatsApp. Críticas políticas, denuncias sociales, información sobre altos funcionarios, denuncias sobre supuestos actos de corrupción, difusión de llamados a la protesta, o la mera circulación de información por parte de los periodistas formaba parte del contenido que condujo a los encarcelamientos”, así consta en el informe “Privacidad y datos personales en Venezuela” (2022) de la ONG “Espacio Público”.
Ramón Cardozo.
José Vicente Haro, constitucionalista y profesor de derecho de la Universidad Central de Venezuela, señala que en su experiencia como abogado defensor de derechos humanos ha visto en los últimos años cómo frecuentemente se detiene a personas en base a escuchas ilegales en Venezuela. : “De los 337 casos de detenciones arbitrarias donde actué como abogado defensor, el 67% de ellas se basaron en la interceptación de comunicaciones privadas sin autorización judicial al momento de la detención. La gran mayoría de estas personas eran simples ciudadanos, muchos estudiantes y, algunos, menores de edad, a quienes se pretendía atribuir y acusar de cometer delitos contra el Estado, a pesar de estar en ejercicio de sus derechos de manifestación y libertad de expresión al sumarse a las protestas contra el gobierno”.
Por su parte, Rocío San Miguel, abogada venezolana experta en asuntos militares y fundadora de la ONG Control Ciudadano, advierte que otro elemento que agudiza la orfandad de los ciudadanos ante la invasión a su privacidad por parte del Estado venezolano es la total desregulación. que caracteriza al Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia del país: “El Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia se encuentra totalmente desregulado. Es decir, no existe una norma rectora, como lo exige la Constitución, que establezca las reglas para el funcionamiento del Sistema, sus límites y los controles democráticos a los que deben estar sujetas sus actuaciones. La actual desregulación del sistema de inteligencia otorga gran discrecionalidad a los órganos que realizan estas tareas, generando perversiones que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos”.
Para San Miguel, “una característica que tienen buena parte de las escuchas telefónicas en Venezuela es que no solo son masivas, sino que con el tiempo se vuelven indeterminadas y el uso que se le da a la información termina siendo discrecional”. En este contexto, toda la sociedad se siente bajo sospecha permanente. Por eso, concluye San Miguel, “el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad de los ciudadanos es muy fuerte y produce un efecto social enorme, un daño antropológico. El ciudadano que se siente vigilado y bajo sospecha acaba por encerrarse en sí mismo, evitando tanto lo más posible opinando y participando en los asuntos de la vida pública del país, y es a este objetivo que realmente apuntan este tipo de mecanismos”.
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