Los hechos callejeros se produjeron en Santa Cruz, al inicio de un paro en el que se exige un censo.
Una jornada violenta atravesó Bolivia este sábado, cuando enfrentamientos callejeros entre civiles opositores y oficialistas en el marco del inicio de un paro en Santa Cruz, locomotora económica del país. Los hechos resultaron en la muerte de una persona.
La medida de fuerza se constituyó para exigir un nuevo censo de población para actualizar su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe la región.
Detractores y simpatizantes del gobierno de Luis Arce, armados con piedras, palos y explosivos, protagonizaron enfrentamientos desde la madrugada del sábado en Puerto Quijarro, ciudad fronteriza con Brasil de unos 20.000 habitantes.
Producto de estos hechos, Pablo Taborga fue ingresado en un hospital de la ciudad, donde falleció. Según medios locales, la víctima, una funcionaria municipal conocida como «Vivorita», fue golpe en la cabeza con un palo al tratar de evitar que un puente sea bloqueado.
“Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la pérdida irreparable de una vida humana en Puerto Quijarro”, dijo el presidente Arce, quien instó a investigar los hechos y “sancionar a los responsables”.
Las razones del conflicto.
Hace dos semanas, un comité de Santa Cruz en el que participan representantes sociales y empresariales convocó una serie de protestas para exigir que el gobierno realice un censo de población el próximo año, ya que consideran que están subrepresentados legislativamente y que reciben menos fondos del Gobierno centro de lo que le pertenece.
La representación en el Congreso y el presupuesto estatal que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población, por eso Santa Cruz, el más poblado del país, quiere actualizar el censo. El último se hizo hace más de diez años.
«necesitamos más recursos. Este departamento, Santa Cruz, es muy grande y los recursos son muy limitados, para la salud, la educación”, dijo a la AFP Claudia López, una comerciante de 35 años.
Las calles de Santa Cruz, con casi dos millones de habitantes y capital de la región del mismo nombre, amanecieron vacías este sábado, con los cruces bloqueados con piedras, palos, llantas de goma y banderas regionales jaspeadas de blanco.
Aunque en el centro no hubo incidentes, en algunos barrios de la periferia se reportaron enfrentamientos callejeros entre opositores y vecinos oficialistas.
El lamento del gobernador de Santa Cruz
«Habíamos dicho: el recorrido [traslado] de personas obviamente genera violencia“, lamentó tras las capacitaciones el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, quien alegó que el oficialismo trasladó a personas de otras regiones del país para contrarrestar las protestas opositoras.
Tras los hechos, las oficinas en La Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) emitieron comunicados para lamentar lo sucedido.
La ONU-Bolivia «lamenta la pérdida de una vida humana e insta a los actores políticos y sociales a evitar escenarios de enfrentamiento y violencia», mientras que la UE deploró «la pérdida de una vida» y llamó a «encontrar escenarios de reencuentro entre bolivianos».
Paralelamente al inicio de las protestas, el gobierno de Arce abrió este sábado una mesa de diálogo con representantes de la comisión que convocó al paro y el gobernador regional, Luis Fernando Camacho.
Santa Cruz ratificó en las conversaciones que el censo se realice en 2023, mientras que el Ejecutivo respondió que la fecha es fruto de un análisis entre comisiones técnicas de ambos sectores.
Ante la falta de consenso, el diálogo se interrumpió y líderes civiles de derecha reiteraron que el paro regional continuará.
Arce enfrenta el primer gran conflicto social desde que asumió el cargo hace dos años.
Los últimos enfrentamientos violentos se registraron en Bolivia a finales de 2019, cuando opositores de derecha denunciaron que el entonces presidente, el izquierdista Evo Morales, había cometido fraude en las elecciones.
Los enfrentamientos entre partidarios y detractores del líder indígena en las calles dejaron 39 muertos, según la CIDH, y la renuncia de Morales, quien abandonó el país.
Con información de AFP.
ES