El gobierno avanza en el Congreso con un proyecto para reducir los costos de intermediación en los seguros de accidentes laborales. ¿Qué impacto tendrá esta medida en el Estado y en las aseguradoras?
En línea con la agenda de reducción del gasto público, el oficialismo está impulsando una iniciativa para eliminar los costos de intermediación que paga el Estado al contratar Aseguradoras de Riesgos Laborales (ART). El argumento central detrás de esta propuesta es que el seguro de accidentes laborales es obligatorio por ley, por lo que no debería ser necesario «venderlo».
Las ART son entidades privadas encargadas de cubrir a los trabajadores en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Por ley, todo empleador, incluido el Estado Nacional, está obligado a contratar una ART para su fuerza laboral. Sin embargo, las ART pueden comercializar sus servicios a través de intermediarios, quienes reciben comisiones por acercar la aseguradora al cliente.
El representante nacional Mercedes Llano, del bloque gobernante La Libertad Avanza, ha presentado un Proyecto de ley en la Cámara de Diputados para prohibir que las ART incluyan en sus presupuestos gastos vinculados a la intermediación en las contrataciones realizadas por el Estado Nacional o entidades públicas.
La iniciativa busca que los presupuestos de las ART se ajusten únicamente a los costos administrativos y operativos necesarios para brindar el servicio, eliminando los gastos de marketing relacionados con la intermediación. Además, se establecen sanciones para las ART que incumplan esta normativa, como multas y suspensión en licitaciones públicas.
El principal beneficiario de esta medida sería el propio Estado, que vería reducidos los costos de sus pólizas de ART al no tener que absorber los gastos de intermediación. También se fomentaría la competencia entre las aseguradoras en el segmento público, ya que deberían competir en precio y calidad del servicio.
El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la normativa, lo que ampliaría el alcance de la reforma más allá del Estado Nacional. En resumen, esta propuesta busca optimizar los recursos públicos y mejorar la eficiencia en la contratación de seguros de accidentes laborales. ¿Logrará el gobierno llevarla a cabo con éxito? ¡Estaremos atentos a su desarrollo en el Congreso!
