Aquella jornada histórica de la insurrección civil, de la que este jueves se cumplieron seis años, quedó registrada como una de las más violentas en la historia moderna del país centroamericano, y el inicio de la radicalización de “un dictadura narcoestado”, inspirado en Cuba, que continúa hasta el día de hoy, según expertos en el tema regional.
“Nicaragua sigue la metodología del terrorismo de Estado, que se refleja en la persecucion de opositores a través del sistema judicial para difamar, en presos políticos, en el exilio y en la violación permanente de los derechos humanos y ausencia total de garantías», afirma Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, al analizar los acontecimientos que han marcado la vida de los nicaragüenses en los últimos seis años o incluso antes.
“Se repite la tradición de la dictadura cubana, que también se aplica en Venezuela, Bolivia y en su momento, en Ecuador”, añade el analista político. Pero considera que en este escenario “no ha terminado” la insurrección civil de 2018, que ha obligado al régimen del matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo a aplicar métodos totalitarios.
Deportaciones masivas, 222 personas al exilio, despojo de pertenencias y nacionalidad a opositores nicaragüenses y ataques violentos a representantes de la Iglesia católica y ONG, desde la Cruz Roja a otras organizaciones humanitarias.
Para los expertos, Nicaragua, que está inserta en el mapa de los 35 países que componen América, es una de las cuatro dictaduras -junto con Cuba, Venezuela y Bolivia- que deben ser catalogadas como «anomalías» en el orden jurídico internacional y internos de cada nación. Y hay que detenerlos, advierten. “Los mecanismos existen, pero no se cumplen”.
Nicaragua, operación de persecución
Nicaragua, frente a la insurrección, estuvo marcada por la llamada Operación Limpieza, con la que Ortega, dos meses después, desmanteló focos de resistencia, impuso restricciones a las libertades y violencia de Estado contra opositores en todo el país. Una de las ciudades más afectadas fue Masaya. «Muchos de los ciudadanos asesinados cayeron mientras defendían las barricadas en sus barrios», según los informes.
Las protestas que comenzaron ese día “no fueron producto de hechos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron restringiendo la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y (Rosario). ) Murillo”, afirmó en 2020 un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, citado por los medios y del que se eliminaron los registros.
El ejercicio totalitario provocó una emigración sin precedentes de más de 100.000 personas por motivos políticos o económicos, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que en su informe sobre Centroamérica destaca que en Nicaragua «la inestabilidad política sigue desencadenando desplazamientos a gran escala». » escala».
Ortega, líder del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, lleva 19 años ininterrumpidos en el poder en el país centroamericano desde 2006, cuando ganó por primera vez las elecciones presidenciales. Desde entonces, ha sido “reelegido” en elecciones “amañadas” cada cinco años.
Historia que continúa
A seis años de aquella fecha, es oportuno recordar dos hechos particulares ocurridos en Nicaragua.
Después del 18 de abril de 2018, las cárceles de Nicaragua se llenaron de manifestantes y opositores detenidos. En los tribunales penales, los adversarios de Ortega fueron procesados por terrorismo, crimen organizado y asesinato, entre otros delitos graves, según medios internacionales.
“Se contabilizaron hasta 700 presos políticos en aquellos tiempos posteriores a las protestas y su liberación fue y ha sido la principal demanda en los periodos de negociación entre gobierno y oposición”, se indica, pero actualmente no hay certeza de cifras oficiales.
Además, en mayo de 2018 el régimen de Ortega inició negociaciones con la oposición, pero luego denunció que la “ruta propuesta por los disidentes” en materia de reformas electorales “tenía como objetivo derrocar al gobierno mediante un golpe de Estado”, se informó.
La oficialidad del supuesto golpe de Estado fue respaldada durante meses por Ortega en foros internacionales, y acusó a las agencias de cooperación estadounidenses de financiar el «plan golpista», en el que involucró a la Iglesia católica que intentaba mediar en el conflicto.
“Me dolió que mis obispos tuvieran esa postura de golpistas, luego se descalificaron como mediadores”, declaró Ortega ante sus seguidores en junio de 2018, lo que desató el acoso, persecución y encarcelamiento de representantes del clero hasta el día de hoy.
En democracias
“Frente a lo ocurrido en Nicaragua, es una vergüenza la actitud de la región latinoamericana hacia ese país, hacia la democracia y los demócratas”, afirma Ricardo Israel, especialista en Ciencia Política y director del Instituto Interamericano. “Incluso se ve que los países que recibieron a las personas expulsadas y privadas de sus bienes, incluida su nacionalidad, no mostraron apoyo a lo que debería haber sido algún tipo de sanción contra ese régimen”.
El analista internacional distingue dos etapas en Nicaragua desde que Ortega llegó al poder.
“La primera cuando ese país pierde la democracia con Ortega, gracias a una situación que también se da en Venezuela, de una oposición funcional que se vende al régimen, con partidos que se decían liberales y democráticos, pero que le dieron el poder a Ortega. que apenas contaba con un 20% de apoyo cuando asumió el poder y se perdió la democracia. El segundo, con la dupla Ortega-Murillo con la que Nicaragua se ha ido transformando, paso a paso, en una dictadura totalitaria”.
Israel destacó que “lo más llamativo” es la inacción de los países de América. “El entumecimiento de Estados Unidos ante la implicación de Rusia y China y, por otro lado, la actitud de la región de gran complicidad y falta de apoyo”.
“El régimen nicaragüense puede tener un fin, pero la región no está preparada para afrontarlo”, afirma.
Sin embargo, frente a regímenes como el de Ortega existen tratados y mecanismos que podrían frenarlo, y Sánchez Berzaín los recuerda tras afirmar que «las dictaduras son un crimen que no debería existir».
“Así lo establecen la Carta Interamericana de la OEA, la ONU, la Convención Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo, el Estatuto de Roma, el TIAR, la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre y una docena de Tratados más. , según el experto.
“Desde el Instituto venimos llamando a las democracias de las Américas y del mundo a cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales y la única manera de liberar a los pueblos de estas anomalías es hacer que se detengan. Para ello es necesario utilizar los sistemas internacionales actuales que inutilizan la supervivencia de estas dictaduras”, apunta y destaca que visualizar quién está detrás de la financiación de la dictadura cubana es clave.
“El día que termine la dictadura cubana, el régimen nicaragüense desaparecerá, como todo lo demás”.
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FUENTE: Entrevistas a los expertos Carlos Sánchez Berzain y Ricardo Israel, con información del Diario Las Américas