La reacción a la publicación del artículo fue inmediata y abrumadora. En una entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICASFernández Palacios reveló que fue expulsado del grupo de WhatsApp minutos después de compartir el artículo, “sin recibir ninguna explicación clara”.
Su nombre también fue eliminado de otras plataformas virtuales del instituto mexicano. Ante esta situación, Fernández Palacios decidió renunciar a su doctorado como forma de protesta. “Todo esto es consecuencia de haber mencionado el caso de Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, y su primo José Antonio Fraga Castro, hijo de Ángela Castro Ruz”, afirmó el abogado.
el doctorado
El abogado compartió con nuestro diario imágenes que lo muestran prestando “juramento de honor” al recibir su doctorado en el Instituto Interamericano para la Investigación y la Docencia en Derechos Humanos (IIIDDH). Este acto, según su comunicado, se produjo “durante un acto oficial presidido por el señor Sergio Arellano Rabiela a principios de diciembre de 2023”.
Fernández Palacios aclaró que su postulación al doctorado fue iniciativa del propio instituto. “El señor Arellano Rabiela me contactó primero a través de LinkedIn y luego vía WhatsApp en noviembre de 2023. La iniciativa de contacto vino de él”, dijo el experto en derecho.
“Hasta ese momento no sabía quién era, ni tenía ninguna referencia sobre él, ni nadie de mi círculo de contactos y conocidos le sugirió que se pusiera en contacto conmigo. “Fue su iniciativa”, afirmó.
El IIIDDH se presenta en su sitio web como “parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, [de la] Red Internacional de Derechos Humanos en Ginebra y la Red Internacional de Derechos Humanos Europa en Bruselas, siendo una organización internacional de defensa de los derechos humanos sin fines políticos, sólo académicos y de investigación. También menciona un programa de capacitación con la Organización de Estados Americanos (OEA).
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, por su parte, cuenta con un destacado currículum, como se puede comprobar en su perfil de LinkedIn. Entre sus logros académicos se encuentran un Doctorado en Derecho con mención ‘Cum Laude’ y una Maestría en Derecho en la modalidad de Investigación de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Además, tiene una Maestría por la Universidad de Barcelona y una licenciatura en Derecho por la Universidad de La Habana.
Consultado sobre la denuncia del abogado cubano, Arellano Rabiela se limitó a decir que “nos desvinculamos de cualquier tema con el señor Fernández Palacios, ya que dejó de pertenecer a nuestro instituto, siendo excluido por convenir a los intereses de una organización académica”. e investigación y sin tintes políticos, como erróneamente se pretende afirmar”.
Fernández Palacio refutó lo señalado por Arellano Rabiela, tras resaltar que “en el grupo de WhatsApp ‘Doctores HC de IIIDDH’, del cual [él] es su administrador, mis artículos sólo trataban sobre violaciones de derechos humanos en Cuba contra el activismo político. Nunca compartí ninguna arenga política o eslogan en ese grupo”.
El caso de los Castro
Esta polémica situación puso en contexto el Caso 14.226, que cumple ocho años sin resolución en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se investigan un cúmulo de acciones presuntamente anómalas cometidas en LABIOFAM SA, un grupo empresarial del régimen cubano. , se denuncia. con sucursales en las Bahamas, Brasil, Europa, África y Asia.
Según se narró, a finales de 2014, recién doctorado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, el abogado comenzó a trabajar en LABIOFAM SA, bajo la dirección de José Antonio Fraga Castro, sobrino de Fidel y Raúl Castro. , hijo de Ángela Castro. . “La empresa se presentó como una entidad dedicada a la producción de medicamentos y productos biológicos”, afirmó.
Sin embargo, asegura Fernández Palacios, “la realidad que se encontraría dentro de la empresa distaba mucho de la imagen pública que ésta proyectaba”.
A principios de 2015, en el ejercicio de sus funciones como asesor jurídico, el abogado describe que se topó con una serie de operaciones que califica de “sospechosas”, y que le llevaron a destapar lo que consideraba una “red de corrupción y dinero”. lavado”. activos”, que involucraría a altos funcionarios de la empresa, incluidos familiares directos de Fidel Castro.
La trama, en la que estarían relacionadas tres empresas rumanas, «tenía como objetivo», según Fernández Palacios, «blanquear dinero desde Europa del Este a Cuba, utilizando como fachada la construcción de una ‘biofábrica’ en Serbia», afirmó. notas de abogado. en su declaración.
Al parecer, las sospechas de Fernández Palacios se confirmaron, pues dice haber descubierto que José Antonio Fraga Castro, junto con Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, habían iniciado negocios en 2012 con el magnate rumano Ovidio Tender, presidente del Grupo. Licitación SA
Lo llamativo del caso es que Tender estaba siendo investigado en aquel momento en uno de los procedimientos judiciales más importantes de Rumanía, por delitos financieros que implicaban sumas millonarias.
Para evitar levantar sospechas, los Castro supuestamente utilizaron la inmunidad diplomática de la embajada cubana en Rumania para reunirse con Tender, quien estaba en libertad condicional a la espera de juicio.
Fernández Palacios tuvo acceso a fotografías que mostraban los encuentros entre los Castro y el magnate rumano en la propia embajada cubana. El abogado compartió las imágenes con este diario.
Con la certeza jurídica de que enfrentaba un caso de lavado de dinero, el abogado redactó un dictamen legal detallando la trama de corrupción. Sin embargo, “el documento desapareció misteriosamente de LABIOFAM SA, junto con otros documentos relevantes al caso”, comentó.
A pesar de sus esfuerzos por denunciar el plan de robo y corrupción a las autoridades cubanas, incluida la propia presidencia cubana, Fernández Palacios encontró lo que describe como un “muro de silencio y complicidad”.
Ante la inacción de las autoridades cubanas, el abogado decidió llevar su denuncia ante organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la citada CIDH. Sin embargo, aunque ha pasado casi una década desde que presentó su denuncia, aún no se ha emitido una decisión final sobre el caso.
El 17 de abril, la CIDH envió al abogado una comunicación informándole que “el caso se encuentra listo procesalmente en la etapa de fondo”, lo que significa, según dice la carta, “que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto con base en la información disponible en el expediente.” Destaca también que este organismo “planifica su trabajo fundamentalmente en función del orden cronológico, entre otros criterios que decide”.
El abogado también dirigió la denuncia a la Oficina del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El 22 de mayo Fernández Palacios recibió respuesta: “Agradecemos toda la información brindada. Dado su contenido específico sobre la cuestión del blanqueo de capitales, ya los hemos enviado a los servicios pertinentes de la Comisión Europea para su consideración y seguimiento».
Desde que denunció la supuesta trama de corrupción en LABIOFAM SA, Fernández Palacios ha “sufrido” las consecuencias de enfrentarse al poder en Cuba.
Según sus palabras, el especialista en derecho ha sido “víctima de un bloqueo profesional sistemático”, imposibilitándole ejercer su profesión en cualquier institución u organización de la Isla, a pesar de su currículum.
Voces de apoyo
Las circunstancias que llevaron a la renuncia al doctorado otorgado al abogado cubano provocaron a su vez una reacción en cadena de activistas y defensores de derechos humanos, quienes expresaron su solidaridad con Fernández Palacios.
Entre las voces de apoyo, la activista Myriam Andrade, quien afirmó haber sido “la invitada de honor en la ceremonia presidida por el señor Sergio Arellano Rabiela”, dijo que se suma “al apoyo moral” del abogado, “por su dedicación incondicional a favor de los derechos humanos y denunciar la criminalidad del régimen totalitario de Cuba. Es una vergüenza el comportamiento del presidente del IIIDDH”.
En tanto, Yaíma Sardiñas calificó la “expulsión” del abogado como “impropia, carente de ética y profesionalismo”, mientras que Cary Castro Ruiz dijo que “es inaceptable el comportamiento de personas que se autodenominan defensores de derechos humanos y con sus actitudes demuestran poca transparencia”. » y actuar en contra de los principios y valores éticos”.
Finalmente, Fernández Palacios enfatizó que “se ha seguido la línea de invisibilizar la denuncia y al denunciante del Caso 14.226 contra Cuba, lo mismo que ha hecho conmigo el régimen totalitario de la isla”.