
El presidente de Bolivia, Luis Arceaseguró este miércoles que Medidas contra la especulación tienen como principal objetivo proteger la economía de las familias bolivianasy no afectar a los comerciantes o empresarios del país.
“El gobierno nacional, para defender el bolsillo de los bolivianosha elaborado Normas jurídicas que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante.; “No se busca decomisar la mercancía de los hermanos sindicales”, afirmó durante el acto por el 16 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia.
Estas declaraciones se dan en un contexto de tensión con la Sectores empresariales y gremiales, que exigen derogar la disposición adicional séptima de la Ley 1613 de Presupuesto General del Estado – Gestión 2025. La normativa otorga a las entidades competentes la facultad de realizar controles, inspecciones, incautaciones e incluso decomisos de productos a quienes almacenen o retengan mercancías. con la intención de aumentar los precios.
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En este sentido, la denominada Reunión Ampliada Multisectorial, realizada este martes en la ciudad de La Paz, contó con la participación de diversos sectores, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Industria del Transporte Cámara del Oriente, la Confederación Nacional Agropecuaria (Confeagro), la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) y la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), entre otras. En la reunión se tomó nota sobre la posibilidad de iniciar medidas de protesta a partir del 10 de febrero si el Gobierno no acepta derogar la controvertida disposición legal.
Por su parte, el Gobierno ha señalado que la implementación de esta norma permitirá que los distintos niveles del Estado cuenten con respaldo legal para realizar operaciones de control de precios, asegurando además que los productos incautados serán comercializados a precios accesibles a la población.
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Ante la resistencia de los sectores afectados, el Ejecutivo aclaró que la disposición no entrará en vigor hasta que se desarrolle un reglamento en consenso con los sindicatos. Para ello, se han sostenido reuniones con representantes de sindicatos de la ciudad de El Alto y otras regiones, quienes manifestaron su intención de participar en la elaboración del reglamento correspondiente.
“Estamos seguros de que la vía del diálogo es la vía para resolver cualquier conflicto y no medidas de facto que dañen la economía nacional.«, dijo el presidente, reafirmando su compromiso con una solución negociada que tenga en cuenta las preocupaciones de los diferentes sectores productivos del país.







