“Hay formas de proteger a las empresas estratégicas sin que el Estado entre en su capital”. Con esas palabras, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejó claro el pasado 24 de abril que el Gobierno puede garantizar los intereses nacionales con fórmulas más secretistas que la llevada a cabo por Telefónica.
Se refería a Talgo y a la opa lanzada por el grupo húngaro Magyar Vagon, que el Gobierno estudia desde marzo, preocupado por las conexiones entre el holding húngaro y el presidente ruso Vladimir Putin. Es sólo uno de los muchos temas que el Ejecutivo tiene o ha tenido en el plato para revisar y negociar inversiones extranjeras estratégicas en los últimos años.
Se trata de una práctica de control que España casi había desterrado tras culminar el proceso privatizador de los años ochenta y noventa del siglo pasado y que resurgió con la pandemia. “Tanto España como la Unión Europea fueron algunos de los territorios donde se aplicó con más integridad la libertad de capital. Incluso en EE.UU. tenían una legislación mucho más restrictiva para las inversiones internacionales”, explican fuentes jurídicas.
El punto de inflexión se produjo en 2019. Una directiva de la Unión Europea instó a los estados miembros a desarrollar legislación para proteger a las empresas estratégicas de posibles inversores de riesgo internacionales. “El objetivo, sin decirlo claro, era frenar las inversiones asiáticas, especialmente chinas”, afirman estas fuentes.
El Estado pretende proteger a las empresas que ha catalogado como estratégicas
Covid lo condujo. “Tras la entrada en vigor de las modificaciones legales que se llevaron a cabo con motivo de la crisis del covid, se modificó la Ley 19/2003 para introducir ciertos cambios en el régimen general de liberalización de las inversiones extranjeras en España. Esto es lo que se conoce como escudo anti-opas. Posteriormente se aprobó el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones extranjeras, que reguló, entre otros elementos, la suspensión del régimen general de liberalización para determinadas inversiones extranjeras. Uno de los temas más importantes en este sentido es la modificación y desarrollo de los mecanismos de control de la inversión extranjera directa”, explica Maitane de la Peña, directora de Mercado de Capitales de KPMG.
Fuera de ese marco, el artículo 128 de la Constitución siempre garantizó espacio para que el Estado participe en empresas estratégicas, facultad que se materializa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). “El problema es que, cuando estás fuera de la compañía, comprar una opa como se ha hecho en Telefónica no es una medida barata (en este caso la SEPI se ha gastado 2.300 millones para hacerse con el 10%) y no deja de levantar reticencias en algunas empresas compartir negocios con un Estado aunque es una situación muy generalizada”, explican fuentes financieras.
De 83 supervisiones, sólo un veto
Una de las herramientas creadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para supervisar las inversiones internacionales es la Junta de Inversiones Extranjeras (Jinvex), que actualmente depende del Ministerio de Economía. «El Gobierno ha apostado acertadamente por abrir el foco del análisis a las sensibilidades de todos los ámbitos, no sólo de la economía, y esta mesa tiene representantes de todos los ministerios», apuntan fuentes jurídicas que confirman que «en general, la supervisión del Estado termina principalmente en aprobación”. Jinvex como tal no ha presentado datos, pero se sabe que en 2022 se supervisaron 83 operaciones, 21 más que en 2021. De las 83, nueve tenían condiciones, una estaba prohibida -la de Vivendi en Prisa- y el resto estaban aprobadas. . Facilita las cosas que existe la posibilidad de una consulta previa vinculante que aclare dudas.
Por tanto, el margen de la legislación post-covid es una opción mucho más flexible. «En sectores como las telecomunicaciones, la energía o el transporte siempre se establece una negociación de condiciones con el inversionista con la premisa de garantizar los intereses del Estado sobre todo y también del inversionista para no dañar la imagen del país y mantener el interés por invertir en España”, explica una fuente que ha participado en varias de estas negociaciones.
Bajo esta legislación se han revisado operaciones como Orange y MásMóvil, a las que el Gobierno exigió mantener la inversión en infraestructuras críticas; Como le pasó a Zegona al adquirir Vodafone. Otros casos están en marcha, como el citado Talgo o incluso la opa sobre Applus. «Por ejemplo, ante las dudas sobre el caso Talgo, el Gobierno explicó que la empresa tiene acceso a todo el trazado ferroviario y no hay duda de que es estratégico», afirma el director de KPMG.
El escudo anti-opas creado con la covid ha reforzado los instrumentos del Gobierno para actuar
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es otro de los filtros que debe superar una inversión extranjera, especialmente cuando se trata de operaciones en las que el inversor internacional y la empresa española en la que está interesado pertenecen al mismo sector. “Si hay un conflicto que comprometa de alguna manera a este sector, la CNMC analizará la operación”, afirma De la Peña.
Por último, en orden de transparencia, estaría lo que algunos en el sector financiero llaman la “tercera vía”. se trata de conversaciones voz baja para influir en el desarrollo de cualquiera de las operaciones financieras. Es el caso de lo que pasó con Naturgy en 2020 cuando el Gobierno trabajó intensamente para frenar el proyecto Geminis que daba salida a algunos de sus inversores, lo que está pasando ahora con la opa de Taqa y las negociaciones con Criteria, o incluso la posición ante la opa de BBVA sobre Sabadell, en la que pese a ser dos empresas españolas, el Gobierno ha declarado su oposición por el impacto del mercado. “No existe ninguna legislación que pueda controlar lo que un Gobierno puede comentar o insinuar a una empresa”, corrobora De la Peña.
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