Entre los técnicos que asisten al gobernador Axel Kicillof aún no tienen claro cuál es el impacto real que tendrá en las arcas porteñas, el recorte que Javier Milei prevé aplicar en el reparto de fondos discrecionales a Provincias. Se sabe que estos rubros son la variante de ajuste para reemplazar el bloque tributario que quedó fuera de la Ley Ómnibus. Pero no está clara la dimensión del golpe a las cuentas porteñas.
“Antes de exponer nuestra posición tenemos que mirar los detalles. Por ahora es sólo un anuncio. no tenemos detalles. Tampoco sabemos si la intención es desconocer los acuerdos fiscales que están vigentes”, dijo un colaborador de Kicillof Clarín.
El distrito gobernado por Kicillof fue los más beneficiados en la distribución de recursos fuera de la coparticipación en 2023. Según datos publicados por el Ministerio de Economía, recibió el 42% de estos artículos. Eran poco más que 791 mil millones de pesos en un añoo que ingresaron al tesoro provincial, más 122 mil asignados directamente a los municipios.
Dentro de ese enorme volumen de dinero, hay partidas que no pueden modificarse mediante decreto o resolución ministerial: Fondo de Fortalecimiento Fiscal (se enviaron 242 mil millones) o el Fondo de Incentivo Docente (107 mil millones anuales). Tienen el respaldo de una ley o un acuerdo previo, como el caso del acuerdo fiscal que Mauricio Macri firmó en 2017 con todas las provincias.
Pero hay otros envíos que quedan a discreción de las autoridades nacionales. Y esos son a los que Milei y el ministro Luis Caputo podrían apelar para lograr el déficit cero que proponen como meta de ordenamiento de la economía en 2024.
Esa ruta tuvo un obstáculo y un cambio de ruta. Porque el Gobierno tuvo que ceder a las presiones de sectores dialogantes de la oposición y de los gobernadores: dejó fuera de la discusión el capítulo tributario de la “mega ley” a cambio de votos claves para sacar adelante el proyecto en el Congreso.
Sin posibilidad de contar con nuevas herramientas tributarias para mejorar la recaudación, la opción es amputar gastos y una de las líneas es la de recursos discrecionales que se envían a las jurisdicciones provinciales.
¿Cuánto recibió Buenos Aires de ese dinero con una sola firma durante la gestión de Alberto Fernández? Según los cálculos realizados en la Legislatura provincial, Serían 400 mil millones de dólares.. Llegaron como parte de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN); Asistencia Financiera a las Provincias, Financiamiento del Déficit de la Caja de Seguridad Social y otras áreas del área de obras públicas. “De esto, en 2024 no llegará ni un peso«, es la especulación de un asesor económico que conoce el diseño de los ingresos y gastos de las arcas provinciales.
En un Presupuesto que en 2023 terminó cerca de los 9 mil millones de pesos (ejecutados) y que será la base del que se aplicará este año (porque no se presentó una nueva ley, igual que en la Nación) esa cifra representa casi el 5% de los recursos totales. El ejercicio fiscal que finalizó el 31 de diciembre arrojó un déficit de casi 500 mil millones de pesos. “Hoy, entre esa diferencia de ingresos y los 400 mil millones que no van a entrar, Kicillof Tendría un rojo fiscal de casi mil millones de pesos«, explicaron en La Plata.
Es decir, representarían los recursos que requiere la provincia para pagar dos meses de salario de los agentes de la administración pública. Buenos Aires tiene casi 600 mil empleados estatales (entre docentes, policías, personal de salud y administrativo en general). Los datos facilitados por la oposición revelan que serían 100.000 más que hace cuatro años.
Ante este escenario restrictivo, el gobernador tendría dos opciones que por ahora no están en su hoja de ruta: reducir gastos o reducir drásticamente el número de empleados públicos. La reticencia a adoptar estas soluciones es parte del proceso de diferenciación con la gestión nacional que adoptó Kicillof desde que inició el gobierno libertario.
Sin embargo, estaría dispuesto a acompañar parcialmente los ajustes en los servicios públicos. Se decide la aplicación de aumentos en las tarifas de electricidad, gas, transporte y peajes administrados por la provincia. Aunque serían un porcentaje menor al proyectado por las concesionarias que tienen contrato con la Nación. Sería otro punto de diferenciación con la Casa Rosada.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi