Bachelet denunció 166 restricciones indebidas, entre las que citó “estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes”.
La funcionaria de la ONU también aseguró que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales, el desprestigio de la disidencia política y el hostigamiento a los medios de comunicación.
Mencionó el caso de la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció mientras estaba detenido en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en octubre de 2018. Agregó que dos agentes del Sebin fueron acusados de homicidio culposo, pero luego se beneficiaron de una reducción de pena. a dos años y ocho meses de prisión.
“Mantengo mi preocupación por los centros de detención que antes administraban los centros de inteligencia, El Helicoide y Boleíta. Estos centros no son aptos para albergar a personas privadas de libertad, dado el riesgo de maltrato”, dijo.
Bachelet también se refirió al nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen.
“Tomo nota de las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados que contradirían las limitaciones constitucionales en un solo período de doce años, así como los vínculos entre algunos de los magistrados y los partidos políticos”, dijo.
En materia de libertad de expresión, la oficina de Bachelet registró 84 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos, así como casos de bloqueo de portales web de medios. También, que continúa la persecución a ONG y activistas.
Bachelet ha animado a las autoridades venezolanas a implementar cambios estructurales a largo plazo y ha pedido que las iniciativas legislativas se basen en «consultas genuinas» con la sociedad civil, según un comunicado compartido por Naciones Unidas.