El futuro de la marina mercante argentina en debate: ¿liberalización o proteccionismo?
El debate sobre la liberalización de la marina mercante argentina ha tomado un nuevo rumbo en los últimos días, con propuestas que prometen cambiar el panorama actual. Mientras el Gobierno de Javier Milei se prepara para presentar su propio proyecto en el Congreso, ya circula un texto en la Cámara de Diputados que anticipa parte de lo que se discutirá.
La iniciativa presentada por los diputados radicales Diógenes González, Guillermo Agüero y Darío Schneider propone modificar el Decreto-Ley N° 19.492/44, vigente desde 1944, y que el oficialismo toma como base para el canje. Según fuentes parlamentarias, legisladores de provincias interesadas en el avance de este debate han presentado un texto que está siendo revisado por funcionarios del ministerio, incluido el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.
La inclusión de gran parte de este texto en la versión final acerca la iniciativa al apoyo de diputados y senadores que representan a las provincias del Gran Norte. Esta cercanía al apoyo político ha generado cierta controversia en torno a la Ley de Cabotaje, tema que fue discutido recientemente en una reunión entre el Ministro del Interior Diego Santilli y los gobernadores del Norte Grande.
Por otro lado, el debate también se enfoca en la reforma electoral para eliminar las PASO, aunque por ahora los votos no están garantizados y los dirigentes provinciales están más interesados en proyectos que puedan impulsar sus ingresos. Los próximos proyectos a decidir en comisión son los de Vestíbulo y Super RIGI, con una probable fecha de firma para el miércoles 17 de junio y sesión el 24 de junio.
En cuanto al proyecto que se encuentra sobre la mesa, se propone una reforma quirúrgica de los artículos 3 y 6 del decreto-ley, manteniendo la reserva del cabotaje a buques de bandera argentina como principio general. Se busca ampliar los supuestos bajo los cuales la autoridad de aplicación puede autorizar a embarcaciones extranjeras a operar entre puertos nacionales, permitiendo múltiples escalas sin necesidad de tramitar autorizaciones individuales.
Por su parte, el Ministerio liderado por Federico Sturzenegger busca habilitar el ingreso de embarcaciones extranjeras por periodos de hasta 90 días, con la condición de que la tripulación sea del Mercosur. Esta medida busca regularizar la situación de los armadores argentinos que operan bajo bandera paraguaya.
Sin embargo, los sindicatos, como el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), han manifestado su rechazo a estas propuestas, argumentando que el debate no puede limitarse a variables económicas de corto plazo y exigiendo considerar las consecuencias para el empleo, la industria naval, la recaudación fiscal y la soberanía sobre las vías navegables.
En un contexto regional, se destaca la situación en Paraguay, donde un esquema fiscal favorable ha permitido el desarrollo de una importante flota de cabotaje fluvial. La comparación con la realidad argentina muestra una brecha significativa en términos impositivos, lo que explica en parte la migración de registros al país vecino.
En definitiva, el debate sobre la liberalización de la marina mercante argentina se presenta como un desafío complejo que involucra intereses políticos, económicos y laborales. La decisión final deberá tener en cuenta no solo aspectos comerciales, sino también el impacto social y ambiental de las medidas propuestas.
