El escenario de las armas en Argentina ha dado un giro inesperado esta semana con la implementación del Decreto 306/2026, que actualiza la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429. Esta reforma busca equilibrar el derecho constitucional de los usuarios legítimos de armas con la seguridad pública, flexibilizando ciertos procesos burocráticos pero reforzando los controles.
Una de las áreas más críticas de esta actualización es la lista de artefactos y municiones prohibidos para uso civil. Entre las nuevas restricciones se encuentran la prohibición de dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas, la posesión de armas ocultas en objetos cotidianos como bolígrafos o maletines, y la limitación en el uso de proyectiles con punta hueca o deformable para defensa personal, reservando esta capacidad para las Fuerzas de Seguridad Federales.
Por otro lado, el decreto introduce la categoría de uso civil condicional, que permite la adquisición de elementos como supresores de sonido y vistas nocturnas bajo ciertas condiciones. Esto amplía las opciones disponibles para los usuarios legítimos de armas en el país.
Para obtener o renovar el Credencial de usuario legítimo, ahora se requiere acreditar el manejo de armas a través de instructores registrados en el RENAR, presentar certificaciones físicas y mentales vigentes, y mantener un historial limpio de antecedentes penales. Estos requisitos más técnicos buscan garantizar que quienes posean armas estén capacitados y en condiciones físicas y mentales adecuadas.
Otro cambio significativo es la simplificación del proceso de trazabilidad por herencia, que permite a los herederos registrar armas de familiares fallecidos presentando solo los certificados de defunción y nacimiento/matrimonio que prueban el vínculo. Esto facilita la legalización de armas heredadas y evita que queden en la clandestinidad.
Finalmente, el decreto establece claramente los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, restringiendo el uso de municiones de alto impacto a ámbitos profesionales o deportivos. De esta manera, se marca una línea clara sobre el tipo de respuesta armada esperada en situaciones de conflicto, reservando las capacidades más letales para las fuerzas policiales y penitenciarias.
En resumen, la reforma en la regulación de armas en Argentina busca garantizar un equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad pública, introduciendo medidas que buscan profesionalizar y controlar de manera más efectiva el uso y posesión de armas en el país.
