En el fuero penal de La Plata, el impacto del fallo que liberó Julio “Chocolate” Rigau y enterró la investigación de la colección con 48 tarjetas de empleados de la Legislatura. Algunos esperan y otros temen que los fragmentos del escándalo puedan erosionar la preciosa intangibilidad de sus posiciones.
«Esto hiere y mancha a todos los jueces. Lo que firmaron es una tontería.. “La presión que ejercieron desde la política fue tremenda”.le confió Clarín un magistrado que ocupa un despacho en el mismo edificio donde funciona la Sala III de la Cámara de Apelaciones que el jueves declaró nulo el procedimiento de detención del líder peronista.
La solicitud de juicio político o el inicio de algún procedimiento administrativo para revisar la actuación de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo –quienes formaron mayoría en el fallo- era esperado en la sede del Juzgado Penal, 8 entre 56 y 57.
Ese movimiento se dio este lunes y firmaron Ricardo López Murphy (representante nacional), Javier Iguacel (alcalde de Capital Sarmiento) y María Eugenia Talerico (candidato a senador nacional por Buenos Aires en la lista de Patricia Bullrich). Pero La solicitud tendría algunos defectos procesales.
“La denuncia está mal planteada. Se basan en una ley derogada hace años. Hicieron presentación ante la Secretaría de Política Criminal de la Procuraduría General de la Corte, la cual no corresponde.»explicó un jurista a Clarín.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República dijo que será remitido, según corresponda, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría Permanente de Fiscalía y a la Corte Suprema. “Cuando sean convocados a ratificar (a los denunciantes) podrán subsanar esos errores”, dijeron.
La carta está dirigida a la Fiscalía General de la República, que es el organismo que dirige a todos los fiscales y defensores oficiales porteño. Y también tiene la facultad de presentar denuncias contra funcionarios y magistrados. Es decir, acusar en el llamado «jurado de acusación»o juicio político.
El jurado es la única forma de sancionar, destituir o remover a un juez, fiscal o camarista. El abogado es Julio Conte Grand, designada en la administración anterior (María Eugenia Vidal) y con una relación tensa con el oficialismo. Pero no corresponde a ese organismo emitir ningún aviso a los camareros.
¿De otra manera?
Hay otra posibilidad que los tres miembros de la oposición no exploraron: informe al subsecretario de Control Disciplinario de la Corte Suprema provincial.
Esta entidad interviene en asuntos referentes a delitos y faltas disciplinarias posiblemente cometidas por magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial. Fue él quien decidió -mediante un acto administrativo- suspender al ex juez de Casación, Martín Ordoquicuando aparecieron los primeros indicios de su participación en una banda de policías, magistrados y ladrones que se dedicaban a robar casas y tomar prisioneros.
Tiene la facultad de realizar investigaciones administrativas, ordenar suspensiones o decidir sobre licencias obligatorias. Incluso puedes apoderarte de una oficina. El documento que se conoció este lunes no aborda esa variante.
«Hemos venido a solicitar que se inicie una Investigación Penal Preparatoria para investigar la posible comisión de delitos de acción pública gravísima que puedan estar ocurriendo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y que comprometa el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Lucha. contra la Corrupción que nuestro país ha suscrito», sostiene la presentación.
En los Tribunales explicaron a Clarín que este tema ya está en un proceso. Él es quien abrió el caso «Chocolate» con la tarea de fiscal Betina Lacki. El cual ahora se encuentra congelado y a la espera de un recurso de apelación que sería presentado por el fiscal general, Héctor Vogliolo.
«El mismo caso no puede ser investigado dos veces, en dos instancias judiciales», Explicaron en la Corte. Los denunciantes buscaron un efecto político en lugar de avanzar con seguridad hacia una sanción contra los jueces, concluyen los juristas.
¿Cuál sería la irregularidad imputable a Benvides y Villordo? Podría tratarse -dicen los especialistas- de un posible caso de «prevaricación» (resolver contra lo que establecen las leyes) o «abuso de poder». Pero también hay expertos que sostienen que se trata de una cuestión «jurisdiccional, no punitiva». En otras palabras: es una cuestión de interpretación que la propia Justicia está revisando. Y no constituye un delito.
La Plata (Corresponsal)