Una decena de beneficiarios de planes sociales que prestaron su testimonio en la causa que investiga cómo fueron extorsionados por líderes de piquetes fueron incluidos en el programa de protección de testigos que depende del Ministerio de Seguridad por temor a represalias de los sectores involucrados en el caso.
“Los mayores referentes del comedor son Gloria y Rossmery. Mucha gente en el comedor le tiene miedo a Gloria y Rossmery”, dijo uno de los testigos cuya identidad se mantuvo en reserva al relatar lo que sucedía al interior de uno de los comedores investigados.
A esta declaración le siguieron otras declaraciones testimoniales, inicialmente, ante el fiscal Gerardo Pollicita quien determinó que la “Asociación Civil Polo Obrero” como la registrada por Barrios de Pie, bajo el nombre de “Caminos de Tiza”, compartían el mismo “modus operandi”. ”. . El representante del Ministerio Público dijo: “se encontró que había personas colocadas en un escalón superior a los líderes de cada comedor, quienes coordinaban el funcionamiento de varios comedores de esta ciudad e intervinieron desde esa posición en la toma de decisiones sobre medidas coercitivas”. demandas. y extorsión a las víctimas”.
La división de roles incluyó a los encargados de “cargar en el sistema informático los datos que permitieron a las víctimas cobrar o dejar de cobrar el plan social”. El centro de funcionamiento de estas maniobras eran los comedores.
El primer fallo en el que se imputó a 27 líderes sociales por este tipo de acciones y otras vinculadas a la presunta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos públicos y su posible desvío, incluyó cinco declaraciones testimoniales.
Junto con otra documentación incorporada a los expedientes, esas primeras declaraciones permitieron a la Fiscalía armar la estructura inicial de los posibles delitos cometidos por líderes sociales «al amparo de personas jurídicas registradas como Unidades Gestoras del Plan Potenciar Trabajo y que recibieron subsidios de el Estado Nacional”.
Los testigos cuya identidad fue reservada en cada caso, relataron con precisión y detalle el “modus operandi de los autores y aportaron evidencia electrónica que refuerza sus declaraciones”. Esto dio lugar a escuchas telefónicas de los suscriptores del acusado.
Estas primeras declaraciones resultan de una reducción de 45 hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de más de 940 llamadas reportadas por el Ministerio de Seguridad, a la Línea 134 que expuso diversas amenazas y extorsiones a quienes no asistieron a la marcha de diciembre. . último, el primero que se organizó contra el gobierno de La Libertad Avanza.
Luego de escuchar los primeros testimonios, estas declaraciones fueron cotejadas con diversas comunicaciones telefónicas que aparecen en el expediente, que los dirigentes piqueteros imputados sostuvieron con distintos beneficiarios de planes sociales a quienes se animaron a contar los hechos. «Existe un cierto riesgo de que los acusados acosen o amenacen a los testigos», El fiscal Pollicita ya lo había advertido cuando solicitó la detención del imputado.
En esta instancia de la investigación, el juez Casanello, que concedió la exoneración de prisión a los 27 imputados con el apoyo de la fiscalía, entendió que a los testigos se les debía ofrecer nuevamente ingresar al programa de protección para su protección y seguridad. .
Nuevos testimonios se sumaron ante el tribunal en las últimas semanas, reforzando la tesis inicial de la investigación que apunta a las extorsiones sufridas por los beneficiarios de planes y ayudas de asistencia social. Mecanismos que se reiteran y que se aplicaron cuando no se cumplió con la asistencia a marchas y movilizaciones.
La mayoría de los acusados en este caso generalmente residen en la misma zona que las víctimas. y su punto de encuentro son los comedores, en barrios donde las organizaciones sociales tienen un importante despliegue territorial.
Para neutralizar a los testigos de cualquier tipo de peligro, El tribunal recomendó que los cerca de diez testigos que aportaron información valiosa al expediente sean incorporados al programa de protección que depende del Ministerio de Seguridad. de la NACION.
Este programa -que incluye, por ejemplo, al exconductor Óscar Centeno que destapó el escándalo de los Cuadernos de las Coimas- estuvo hasta este año bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El titular de dicha cartera, Mariano Cúneo Libarona, entendió que debía permanecer dentro del ministerio que conduce Patricia Bullrich.
A la hora de justificar el cambio de organismo bajo el cual seguiría funcionando el Programa de Protección de Testigos, se señaló que era “más razonable que pasara a Seguridad. En ese momento se analizaron técnicamente los motivos y se dieron cuenta de que era lo mejor. Porque también tienen más herramientas para proteger, localizar y atender a los testigos”, explicaron a Clarín fuentes oficiales.
Cuando se decidió el traslado dentro del Programa había 35 testigos protegidos. A lo que hay que sumar los diez de la causa que investiga la extorsión, coacción y administración fraudulenta que cometieron los líderes sociales imputados.
Al evaluar cada caso, luego de escuchar los datos aportados a la investigación, el juez Casanello pidió que se les garantice la protección que se brinda una vez que forman parte del Programa. Según supo Clarín de fuentes oficiales, fue a pedido del tribunal que el Ministro de Seguridad puso en marcha los mecanismos de protección para los testigos del “caso piqueteros”, oficializando su ingreso al sistema de Protección.
Los testigos de este expediente judicial, hace unos días, ingresaron a este programa que les garantiza total protección. Y todo lo que contaron en el caso, y las pruebas que aportaron, está bajo absoluta confidencialidad de sus identidades ya que las defensas de los 27 líderes sociales acusados volverán a tener acceso al caso cuando se levante el secreto del sumario.
En una primera etapa, cuando los denunciantes prestaron declaraciones ante la Fiscalía, se les hizo conocer su derecho a recibir protección y la posibilidad de eventualmente ser incluidos en el Programa de Protección de Testigos, pero fueron los propios testigos quienes dijeron que, por el momento, De momento, no consideraron necesaria dicha protección, precisamente porque habían entendido que su identidad estaba reservada y, por tanto, no había peligro de que el imputado conociera su testimonio.
A medida que avanzaba la investigación y luego de haber sumado más testimonios, el juez Casanello entendió que era necesario que todos los testigos ingresaran al programa de protección, medida que Patricia Bullrich validó y se les comenzó a brindar la seguridad necesaria y a tomar las precauciones necesarias. exige ser parte de este plan.
Hay un punto que destacó la Fiscalía en su dictamen acusatorio, y es que los ciudadanos presentaron denuncias sobre estos hechos recién cuando el Estado Nacional habilitó una línea telefónica oficial para que las mismas puedan realizarse de forma anónima.
Cuando la Fiscalía comenzó a citar a los denunciantes para confirmar sus declaraciones, muchos se negaron ya que preferían mantener el anonimato. Mientras tanto, quienes asistieron “manifestaron que no necesitaban protección especial mientras su identidad permaneciera reservada, todo esto se debe a que entre las numerosas víctimas de estos hechos existe cierto temor de que los aquí acusados tomen represalias en su contra”. por poner estas circunstancias en conocimiento de la justicia”, explicó Pollicita en su momento.
El caso pone especial énfasis en la protección de los testigos por su estado de vulnerabilidad y, como consecuencia de esta condición, por los datos aportados, siendo, a su vez, víctimas de diversos actos de extorsión y coacción.
Todas las organizaciones sociales investigadas en esta causa penal son sospechosas de haber “desplegado un modus operandi que permite vislumbrar en todas ellas un elemento común que es, precisamente, haber utilizado las facultades que el Estado Nacional les otorgó a cada una de ellas”. .” “Unidades de Gestión”. Bajo esta figura se firmaron los diferentes convenios que garantizaban el flujo constante de fondos millonarios del Estado.
Estas herramientas que les fueron entregadas para la administración de fondos correspondientes a diversos programas, entienden los investigadores, fueron las que los dirigentes piqueteros “utilizaron como vehículo coercitivo por parte de los imputados que desplegaban prácticas ilícitas encaminadas a apropiarse de una porción de los fondos públicos”. destinada a la asistencia social de los beneficiarios del plan y coaccionarlos para obligarlos a participar en las “movilizaciones” a las que convocaron.
Todo esto funcionó bajo la advertencia expresa de que, “de no cumplir con tales exigencias, no recibirían los alimentos distribuidos por el Estado Nacional y/o serían retirados del Plan Potenciar Trabajo. De hecho, en muchos casos se ha detectado que, además de pagar las “cápitas” o “cuotas” mensuales, las víctimas eran obligadas a entregar nuevas sumas de dinero cada vez que retiraban alimentos o mercancías del comedor, y incluso en un caso que procedieron a revender los alimentos; todo esto a pesar de que el Estado Nacional los había distribuido de forma gratuita a cada uno de los establecimientos”.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi