La aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso Nacional ha generado una gran controversia debido a un artículo que está siendo cuestionado judicialmente y que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia. Dos adolescentes, Manuel Martín Gill y Martina De Rosa, han presentado un amparo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N° 11, argumentando que el artículo 30 de la ley aprobada vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales.
Manuel, de 17 años, y Martina, de 16, son estudiantes de educación técnica en la Ciudad de Buenos Aires y provienen de familias con una fuerte tradición en este campo. Consideran que la ley aprobada elimina garantías jurídicas vigentes en el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencias y de la Educación Técnica y Profesional, afectando directamente su educación y la de miles de jóvenes en el país.
El artículo 30 derogó disposiciones clave en el financiamiento de la educación técnica, incluyendo el Fondo Nacional de Educación Técnica y Profesional, lo que ha generado preocupación por el futuro de este sector. Según los denunciantes, el recorte presupuestario en educación técnica alcanza el 93% en comparación con años anteriores, lo que pone en riesgo la formación de futuros técnicos y profesionales en el país.
Además, se ha señalado que la derogación de ciertos artículos de la Ley de Educación Nacional afecta directamente el financiamiento del sector, dejando en evidencia la falta de interés del gobierno en promover la educación técnica y profesional en el país. Esta situación ha llevado a los denunciantes a solicitar la intervención de la Justicia, reservándose el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia en caso de ser necesario.
El documento presentado destaca que el Presupuesto no puede derogar leyes estructurales que garantizan derechos fundamentales, y que la educación es un derecho constitucional que debe ser protegido y promovido. La falta de financiamiento suficiente y continuo en este sector vulnera el derecho a la educación y pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes en el país.
En resumen, la controversia en torno al Presupuesto 2026 y su impacto en la educación técnica y profesional ha generado un fuerte debate en la sociedad, con jóvenes estudiantes como Manuel y Martina liderando la lucha por la protección de sus derechos educativos. La decisión final de la Justicia en este caso podría sentar un precedente importante en cuanto a la protección de la educación como un derecho fundamental en Argentina.
