El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en varias regiones tras un violento motín. Narcotráfico y atentados.
La espiral de violencia que vive Ecuador desde hace varios meses tuvo uno de sus puntos más complejos esta semana con una veintena de ataques en tres provincias costeras, que el gobierno de Guillermo Lasso considera un represalia del crimen organizado a su lucha contra el narcotráfico.
Pese a ello, el país volvió a darse un tenso respiro este viernes durante el feriado puente que se extenderá hasta el domingo y que arrancó el jueves, cuando también hubo un disturbios violentos en la Penitenciaría de Guayaquil, que fue sofocada con la intervención de 2.600 agentes, entre policías y militares.
El presidente conservador Guillermo Lasso decretó la noche del martes la Estado de excepción en las provincias costeras de Guayas (en el suroeste y cuya capital es Guayaquil) y Esmeraldas (en el noroeste y limítrofe con Colombia). Ya había tomado esa misma decisión hace un año, por una situación similar.
También este viernes se extendió la medida excepcional a Santo Domingo de los Tsáchilas, donde también fueron registrados. ataques y disturbios.
Lasso no dudó en afirmar que la situación es una «respuesta terrorista» del crimen organizado a su lucha contra el narcotráfico, especialmente por las más de 180 toneladas de droga incautadas en lo que va del año.
Ecuador, que no es considerado productor de drogas, limita con dos grandes productores, Perú y Colombia, por lo que, según expertos en la materia, se ha convertido en una especie de almacén de almacenamiento para el narcotráfico hacia grandes mercados consumidores como Estados Unidos y Europa.
El presidente también vinculó esta represalia de los grupos violentos a la actuación supuestamente «oportunista» de ciertos políticos de la oposición que critican su gestión, aunque no presentó más indicios de sus sospechas.
La violencia, de la cárcel a la calle
Varios analistas creen que la violencia en las calles tiene relación con la crisis carcelaria que estalló en 2020 y que ha visto con asombro el asesinato de más de 400 presos en frecuentes enfrentamientos entre bandas de reclusos que se disputan el control de los penales.
Según ellos, la crisis carcelaria salió a la calle porque la bombardeos y tiroteos registrado a principios de esta semana coincidió con el operativo de traslado a otros penales de más de 1.400 presos del Centro Penitenciario de Guayaquil.
Precisamente, en el Pabellón 2 de dicho penal, donde habría hecho un cuartel la banda de «asesinos de Chone», se produjeron este jueves enfrentamientos entre internos y la fuerza pública, con explosiones y tiroteos, como si de una guerra se tratara.
A esa banda se suman las agrupaciones conocidas como «Los Choneros», «Los Lobos», «Los Tiguerones» y «Los Lagartos», entre otras.
Para Carolina Andrade, experta en temas penitenciarios y de seguridad pública, la situación de violencia “no ha cambiado” en los dieciocho meses que Lasso lleva en el poder.
Según Andrade, la espiral de violencia también se explica por una aparente «inacción» del gobierno para cumplir con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha hecho llamados para evitar nuevas masacres en las cárceles, como la asignación de mayores presupuestos, acciones para reducir el hacinamiento y construir un nuevo sistema de rehabilitación social.
Sin embargo, Andrade dijo ver con preocupación que las bandas criminales también ganaron terreno en la callesobre todo porque puede seducir a un sector de la población que carece de oportunidades para salir de la crisis económica que agobia a los ecuatorianos.
«economía ilícita»
Según el experto, la población local parece haber normalizado la violencia y «sobrevivir en esa economía ilícita» creada por las bandas criminales.
Desde el Estado, dijo, tampoco se ha hecho énfasis en los programas sociales y no se vislumbra la generación de condiciones para que las personas superen la crisis que se agudizó con la pandemia del covid-19.
“Esa inacción, esa falta de decisiones oportunas” por parte del gobierno podría incluso ser considerada “sospechosa” y hasta “complicidad”, dijo Andrade, al preguntarse si los rumores que advierten de tratos encubiertos entre autoridades y líderes de ciertas bandas criminales.
Para ella, los frecuentes estados de excepción que ha decretado el Ejecutivo «no han funcionado hasta ahora» y solo se han aplicado «medidas parche».
Fuente: EFE
CB