El Banco de España es partidario de que el Gobierno revise y aclare las causas del despido objetivo para evitar el alto nivel de litigiosidad en torno a su interpretación, según Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística de la institución. Esta postura es uno de los puntos fuertes del capítulo de empleo del informe anual del Banco de España, presentado este martes.
«Hay una reasignación de actividad entre sectores y empresas muy intensa», y la regulación debe ser capaz de dar respuesta a esta dinámica, ya que «obstaculizarla generará ineficiencias y pérdidas de competitividad», afirmó Gavilán antes de señalar la falta de claridad a la hora de distinguir un despido improcedente de otro.
«Las causas y las reglas del juego no están suficientemente claras y sería importante aclararlas», añadió. Si el despido procedente da derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, en el caso del despido improcedente se eleva a 33. El límite es de 24 mensualidades.
Aclaración tras la amonestación del Consejo de Europa
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, resolvió a finales de marzo ante una reclamación de UGT que las indemnizaciones por despido improcedente en España no se ajustan a la Carta Social Europea.
El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar establece el compromiso de establecer «garantías a los trabajadores contra el despido, en cumplimiento de la Carta Social Europea». La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aboga por un modelo con causas más personalizadas, e incluso habla de expresiones como despido «reparador» o «reparador».
El director del Banco de España ha indicado que las indemnizaciones por despido disponibles en España «son relativamente elevadas en el contexto internacional», mientras que el coste del despido improcedente no está, sin embargo, entre los más elevados.
Revisar beneficios para incentivar la búsqueda de empleo
El Banco de España también insta en su informe anual a aumentar los incentivos para que los desempleados vuelvan al empleo. Pide una «revisión exhaustiva» de las políticas de empleo ante una tasa de desempleo «persistentemente superior» a la de otros países y los desafíos que plantean los cambios tecnológicos derivados de la robótica y la inteligencia artificial.
Para lograrlo, la fórmula pasa por afinar la suficiencia de las prestaciones al tiempo que se mejora la coordinación con las políticas activas de empleo. «Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una protección adecuada a los desempleados, sin perjudicar los incentivos a la búsqueda de trabajo y la movilidad laboral», sostiene.
La institución cree que en España hay margen para «ajustar» los requisitos de acceso, las tasas de reposición de las prestaciones, su variación en función de la duración del paro y de la propia duración máxima. También aboga por permitir que determinadas subvenciones y prestaciones sean compatibles con el empleo, de forma temporal o permanente.
El efecto sobre el empleo del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social
En su informe, también advierte de que un posible aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social perjudicará al empleo. Por cada aumento porcentual de un punto en las cotizaciones, el número de ocupados disminuye un 0,25% al cabo de cuatro años. Es un aviso al Gobierno, que podría verse obligado a incrementar esta carga para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
El informe constata también un aumento del empleo público asalariado de 340.000 personas en cuatro años. Está creciendo más rápidamente que el empleo privado y ya equivale al 16,9% del total, frente al 16,3% de 2019, indica.
El 12,7% de los trabajadores recibirá el salario mínimo
Mientras tanto, aumenta el número de personas que perciben el salario mínimo, cuya cuantía ha aumentado hasta los 1.134 euros en 14 pagas. Si en 2018 solo lo recibió el 5,1% de los trabajadores, el porcentaje será del 12,7% a finales de 2024, según las previsiones del Banco de España.
A estas cifras y porcentajes se suma una nota interesante sobre la falta de mano de obra reportada por diversas patronales. Las empresas que declaran falta de mano de obra en las encuestas que gestiona el Banco de España han pasado del 25% a principios de 2022 al 42,5% a finales del año pasado.
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