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Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
La presión internacional sobre la conducta del gobierno israelí en su guerra en Gaza se está intensificando. La semana pasada, el fiscal de la Corte Penal Internacional acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a su ministro de Defensa, junto con líderes de Hamás, de crímenes de guerra, lo que provocó la indignación de Israel y su mayor aliado, Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detuviera su ataque a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Mientras tanto, Irlanda, Noruega y España se comprometieron a reconocer la condición de Estado palestino, un golpe simbólico contra un líder israelí que critica cualquier conversación sobre una solución de dos Estados.
Esto debería ser una llamada de atención, un momento para que los israelíes moderados se den cuenta de que, a pesar de la simpatía mundial por el horrible ataque de Hamás del 7 de octubre, las acciones de su gobierno de extrema derecha están llevando al país a un mayor aislamiento.
Después de que Karim Khan, el fiscal de la CPI, solicitara órdenes de arresto para líderes israelíes, así como para tres líderes de Hamás, funcionarios israelíes y estadounidenses lo acusaron de equiparar las acciones de un gobierno elegido democráticamente con las de una organización terrorista. El presidente Joe Biden declaró enojado que “no hay equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamás”.
Sin embargo, las solicitudes de Khan, respaldadas por un panel de seis expertos, incluido un juez estadounidense-israelí, no establecieron comparaciones ni afirmaron equivalencia entre las dos partes. En cambio, concluyeron que había pruebas de que tanto los líderes israelíes como los de Hamás eran responsables, de diferentes maneras, de crímenes tipificados en el derecho internacional humanitario. Haber aplicado la ley sólo a un lado habría parecido justicia selectiva. La única otra opción era no actuar contra ninguno de los dos.
Las afirmaciones de que el funcionario de la CPI está negando el derecho de Israel a la autodefensa son igualmente erróneas. La solicitud de Khan reconoce ese derecho, pero dice que debería haberse ejercido de manera compatible con las reglas de la guerra. Alega que los principales líderes de Israel han utilizado el hambre como método de guerra y el castigo colectivo de la población civil sitiada de Gaza, lo cual niegan enérgicamente. Los jueces de la CPI decidirán si están de acuerdo en que las pruebas son suficientes para merecer la emisión de órdenes.
Las solicitudes de la CPI buscan demostrar que las leyes del conflicto se aplican a los líderes electos y sus fuerzas armadas, así como a los autócratas y actores no estatales o terroristas. Pueden ayudar a reforzar la credibilidad de un tribunal cuyo enfoque inicial en África llevó a acusaciones de que sólo apuntaba a países en desarrollo.
Las acciones de los tribunales son un golpe para el Estado judío, todavía traumatizado por las atrocidades de Hamás. La reacción inicial de muchos, incluida la oposición política, ha sido buscar el apoyo de Netanyahu. Sin embargo, la presión internacional por la catástrofe humanitaria en Gaza pone de relieve hasta qué punto el primer ministro de Israel y los extremistas de ultraderecha de los que depende para mantener unida su coalición gobernante están haciendo cada vez más difícil incluso para sus aliados apoyarlo.
Los socios de Israel están frustrados por la resistencia de Netanyahu a permitir que llegue más ayuda a la devastada Gaza y su determinación de continuar con la ofensiva en Rafah, donde más de 1 millón de personas habían buscado refugio. También están enojados por su negativa a elaborar un plan posconflicto viable para la franja; su incapacidad para frenar a los colonos judíos que arrasan la Cisjordania ocupada; y el rechazo de Israel a los planes de la administración Biden de dar pasos hacia una solución de dos Estados. Ésa es la única manera de proporcionar a Israel la seguridad a largo plazo que necesita.
Israel no es signatario de la CPI, cuyos jueces pueden rechazar la solicitud de Khan, y la CIJ no tiene medios para hacer cumplir su orden. Pero el hecho de que Israel se haya encontrado en esta posición subraya hasta qué punto Netanyahu se ha convertido en un lastre para su país. Promete una “victoria” total, pero su ofensiva en Gaza parece estancada y no ha cumplido objetivos clave. Más que nunca, Israel requiere un liderazgo responsable y sobrio que el actual primer ministro no está dispuesto o es incapaz de brindar.