El debate sobre la financiación de Cataluña se presenta como el tema estrella, en el aspecto económico, del debate electoral del próximo 12 de mayo. Tanto ERC como Junts han apostado por la reedición de la propuesta de pacto fiscal formulada por el gobierno convergente de Artur Mas. allá al comienzo del procesos, a finales de 2012, en aquel encuentro con el entonces presidente Mariano Rajoy. Una prueba más, para quienes todavía la necesitan, de hasta qué punto el debate en Cataluña ha vuelto a una especie de punto de partida: del pacto para repartir activos y pasivos entre dos estados independientes a la reformulación de las relaciones económicas entre dos territorios integrado en uno solo. Ahora, tras la batalla por la amnistía, emerge como el gran algodón de la pureza de la protesta.
La propuesta de pacto fiscal es sencilla de formular. El Gobierno regula y recauda todos los impuestos en Cataluña y acuerda con el ejecutivo central qué parte de los ingresos se transfiere al Tesoro central para cubrir la parte correspondiente de los gastos del Estado. También la aportación para cubrir las necesidades económicas del resto de los territorios; la llamada cuota de solidaridad interterritorial. Es el modelo vasco pero perfeccionado, es decir, estableciendo más claramente que en el caso de la cuota autonómica las aportaciones de la comunidad a las arcas centrales.
En la práctica todo es más complicado, ya que los impuestos no son sólo una suma de ingresos públicos generados en un territorio. Parten de una decisión política sobre quién debe pagar más y cuánto en función de su nivel de ingresos y riqueza. Igual presión fiscal que debería dar lugar también a una situación idéntica en materia de derechos en los servicios recibidos del Estado. Y la determinación de los aportes individuales y territoriales al Estado central siempre estará condicionada por la política y las relaciones de fuerza entre partidos y opiniones públicas.
Como es sabido, esta igualdad ya no existe en España, a pesar del ruido de denuncia con el que se recibe, especialmente en Madrid, la propuesta de mejorar la financiación de Cataluña. La mayoría de las personas más ricas viven en la capital y son las que menos pagan, en términos relativos y en relación a sus ingresos.
Desigualdad flagrante diseñada paradójicamente por los defensores de la igualdad entre todos los españoles, pero a quienes no les importa que en realidad sean los residentes fuera de la capital los que deban soportar mayores cargas para compensar los agujeros que generan en sus cuentas. comunidades la huida de los más ricos a Madrid. Ahora los gobernados por el PP han decidido emular a sus líderes capitalinos bajando también esos impuestos. Eso sí, con el objetivo oculto de que sea el Estado quien cubra el desequilibrio con más transferencias.
El escenario internacional tampoco ayuda: retorno del control fiscal en Europa y clima de guerra
Un problema adicional para las propuestas de reforma de la financiación formuladas desde Cataluña. Al tradicional rechazo del resto de España se sumará ahora el deseo de los barones del PP de compensar con el talón del Estado sus políticas populistas de bajadas de impuestos para mantener sus posiciones ideológicas que no siempre se ven corroboradas por la realidad. Y por eso es pertinente preguntarse si hay margen político para que las propuestas formuladas por los partidos de Carles Puigdemont y Pere Aragonès lleguen a buen puerto en un corto periodo de tiempo.
La amnistía parecía difícil, todavía está a mitad de camino, y se ha convertido en una vía crucis para el Gobierno de Pedro Sánchez, con un enfrentamiento abierto con el sector duro, y mayoritario, del poder judicial. Pero en este caso no se trataba de cuestiones en las que se pudiera evocar un daño económico o un empeoramiento de las condiciones de vida de la población española. Es un debate puramente político.
Por otro lado, la financiación territorial es un terreno mucho más fructífero para la explotación de todas las fobias y agravios. El PP de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, esta última con un visible rechazo al rigor fiscal, gobierna la mayoría de las autonomías e incluso cuenta con el apoyo y las simpatías de algunas que en teoría están en manos de rivales socialistas, como en el Caso de Castilla la Mancha de Emiliano García-Page.
La legislatura que acaba de comenzar a trompicones parece anunciar una progresiva acumulación de fricciones políticas. Y la de la financiación autonómica, una cuestión pendiente desde hace ya una década, tiempo que lleva caducado el actual sistema, es una de las que mayor capacidad tiene para bloquear los engranajes de la acción gubernamental. Parece que Sánchez tendrá poco margen para abordar el tema con la oposición de la mayoría de las comunidades y buena parte de sus barones, refractarios a asumir el coste de un debate general sobre las finanzas autonómicas centrado en las demandas de los nacionalistas catalanes.
A estos problemas internos hay que sumar la nueva situación internacional. En primer lugar, la recuperación a partir del próximo año de las reglas fiscales de la Unión Europea, con énfasis en la reducción de la deuda y el déficit público. A esto se suma el contexto del clima de guerra creado en Europa, que tendrá notables consecuencias económicas y exigirá toda la atención política. No será, por tanto, el mejor escenario sacar cheques de la chistera para contentar a las comunidades autónomas, pese a la ayuda que supondrá la bajada de los tipos de interés y el mantenimiento del crecimiento.
Tras la amnistía, la reforma de la financiación autonómica genera más fricciones políticas
A Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sólo les quedará el camino de ofertas puntuales que afectan especialmente a Cataluña, pero también al resto. Al estilo del anunciado traspaso de la dirección de Rodalies o de la condonación parcial de la deuda del FLA. El independentismo catalán se enfrenta a un nuevo dilema al respecto. O aceptar el nuevo marco, convirtiendo el pacto fiscal en una especie de programa máximo para un futuro indefinido, o empezar a tocar música fúnebre para la legislatura.
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