El Ministerio de Economía dio un paso más en el proceso de privatización de rutas en Argentina al firmar la Resolución 703/2026 que aprueba la Circular Modificatoria N° 2 para la Licitación Pública Nacional e Internacional del “Red Federal de Concesiones – Etapa III”. Esta medida abarca ocho tramos viales estratégicos del país que serán transferidos a manos privadas para su gestión a través de un sistema de peaje.
La Etapa III de este plan implica una inversión 100% privada y sin subvenciones estatales, con el objetivo de eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado. Los nuevos concesionarios tendrán a su cargo la construcción, operación, administración, reparación, ampliación y conservación de las rutas, así como la prestación de servicios al usuario bajo el régimen de concesión de obras públicas con peaje.
El marco legal de la licitación se basa en la Ley 17.520 sobre concesión de obras públicas y sus modificaciones, con el respaldo del Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 que autorizó el procedimiento. La Dirección Nacional de Vialidad impulsó la nueva circular para corregir observaciones detectadas en la oferta original y garantizar un proceso transparente y eficiente.
La Etapa III se suma a un proceso de licitación en curso, con varias etapas simultáneas ya implementadas o en curso. La inclusión del portal del Banco Mundial en la difusión de la circular modifictoria refleja el carácter internacional de la licitación, abierta a postores nacionales y extranjeros.
Los tramos de carretera implicados en esta etapa incluyen secciones clave como Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotamia, sumando un total de 3.920,21 kilómetros. Los nuevos concesionarios serán responsables de la gestión de estos tramos, buscando mejorar la infraestructura vial y brindar un mejor servicio a los usuarios.
En resumen, la aprobación de la Circular Modificatoria N° 2 marca un paso importante en el proceso de privatización de rutas en Argentina, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y equilibrar las cuentas del Estado a través de una gestión eficiente y transparente.
