El gobierno de Javier Milei enfrenta un ultimátum judicial por la suspensión de la Ley de Emergencia por Discapacidad
El gobierno de Javier Milei se encuentra en medio de una situación complicada, ya que debe afrontar otro fracaso judicial por la suspensión de la Ley de Emergencia por Discapacidad. El juez Adrián González Charvay ha dado un plazo hasta el 4 de febrero para que la ley entre en vigor, junto con un plazo de cinco días para presentar un informe explicativo sobre el estado de los procedimientos administrativos.
Este es el segundo fallo judicial que enfrenta el Gobierno en las últimas semanas, ya que la demanda colectiva fue orquestada por el decreto 681/2025, que promulgó las leyes pero las suspendió debido a la falta de fuentes de financiamiento. La Casa Rosada ha defendido que actualmente no hay dinero para aplicar la ley, aunque han permitido la actualización de los nomencladores hasta el 35% para proveedores.
Además, se espera que el titular de la Procuraduría General de Hacienda, Santiago Castro Videla, presente un recurso de apelación ante la Cámara Federal de San Martín. El juez González Charvay ha ordenado la implementación inmediata de la ley y ha declarado la nulidad constitucional de ciertos artículos.
En medio de esta controversia, se espera que el Ministerio de Salud presente un informe detallado sobre cómo están cumpliendo con la ley, que tiene como objetivo dar cumplimiento a las obligaciones estatales derivadas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, la Asociación Argentina de Presupuesto y Finanzas Públicas ha señalado que el Presupuesto 2026 no contempla los gastos previstos en estas leyes.
Ante esta situación, el Gobierno está evaluando posibles modificaciones desde el Congreso para resolver el conflicto judicial. Es importante encontrar una alternativa para terminar con esta situación y evitar futuros problemas legales. En definitiva, el desafío para el gobierno de Javier Milei es encontrar una solución que cumpla con las obligaciones legales y financieras establecidas en la Ley de Emergencia por Discapacidad.
