El Gobierno anunció que enviará la próxima semana al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Interior de 1991 para permitir a las Fuerzas Armadas «a partir de la declaratoria de actos terroristas están autorizados para realizar operativos de patrullaje, control de personas, vehículos y brindar seguridad a las instalaciones, así como la detención en flagrante delito.”.
Paralelamente, el ministro de Defensa, Luis Petri, ha redactado un decreto presidencial dejar sin efecto la reforma al reglamento de la Ley de Defensa realizada por la ex ministra de Defensa Nilda Garré en 2006 y prohibía a los militares actuar contra otra fuerza que no sea un Estado.
Para Petri, la “reforma Garré” y la propaganda de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los años setenta “han satanizado y perseguido a las Fuerzas Armadas” en los últimos años debido a un “sesgo ideológico”.
Petri aclaró que si el Congreso modifica esta ley de Seguridad sancionada por el expresidente Raúl Alfonsín, la calificación de “acto terrorista” la decidirá un “Comité de Crisis”.
Para el gobierno, por ejemplo, asesinar a un civil como ocurrió en Rosario para crear terror es un «acto de terrorismo como lo establece el artículo 41 del Código Penal». Eso es, Se trata de enfrentar el “narcoterrorismo”.
Al explicar en detalle las modificaciones propuestas, Petri sostuvo que las acciones de las Fuerzas Armadas se darán “en un caso muy particular, que es el terrorismo” y que “está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que tienen por objeto aterrorizar a la población».
Además, el desempeño de los militares en estas tareas policiales “requerirá la concurrencia y expreso del gobernador de la provincia donde se requiera”, agregó.
“Las Fuerzas Armadas se van a regir por las mismas reglas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, donde la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza es fundamental”, dijo Petri en declaraciones telefónicas a Clarín.
Explicó que si Argentina hubiera recibido un ataque de Hamás como el perpetrado contra Israel el 7 de octubre, “las fuerzas armadas argentinas no hubieran podido actuar“Porque el grupo terrorista no es un Estado.
Para Petri, la mayoría de los países “cambiaron su doctrina militar tras los atentados contra las Torres Gemelas en 2001” por parte del grupo terrorista Al Qaeda de Bin Laden.
Por ejemplo, el Comité de Crisis de Rosario está presidido por el Ministro de Seguridad y copresidido por el Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y está integrado por comandantes de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Penitenciaría Federal.
El ministro explicó que “lo que se busca es formar y dotar a las Fuerzas Armadas de recursos y armamento específico, intervenir a nivel federal bajo un marco legal en situaciones relacionadas con el narcoterrorismo”. Si el Congreso reforma la ley de Seguridad, Petri necesitará al menos seis meses para entrenar un batallón “de no más de 2 mil efectivos” intervenir en este tipo de situaciones extraordinarias, como las que sufrió Rosario. No cubrirá los 86 mil efectivos que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional Se trata de modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior 24.059. Este artículo dice textualmente: “En particular, el Ministerio de Defensa dispondrá, en caso de solicitud del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior afectándolas a petición de las mismas, de su arsenal, servicios de intendencia, salud, veterinaria, construcción y transporte, así como elementos de ingeniería y comunicacionespara lo cual habrá un representante permanente del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planificación y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.
Petri dijo que esta ley no prohíbe explícitamente la participación de las Fuerzas Armadas. Luego, se modificará para autorizarlo y así “dar todo el apoyo legal a los militares para actuar”. Y la Constitución tampoco lo prohíbe.
Sin embargo, destacó, actualmente las fuerzas armadas están autorizados a actuar en caso de conmoción interna cuando el gobierno declara el Estado de Sitio. Pero, paradójicamente, no están preparados para ello. Esta situación les convierte en un instrumento «ineficaz» para estos casos extremos, a menos que estén entrenados y armados para ello.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, militares en activo han advertido en comentarios extraoficiales que carecen de garantías legales como, por ejemplo, portar armas en la vía pública. Además, hasta ahora Ningún alto funcionario fue consultado sobre el proyecto de ley que será enviado al Congreso.
Desde 1991 hasta ahora los militares solo brindaron apoyo logístico a los policías en la lucha contra el narcotráfico y lo hicieron durante los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri en las llamadas Operaciones Fortín I y Fortín II y Escudo Norte, entre otras. .
“Sabemos que para derrotar definitivamente al narcotráfico es fundamental realizar una tarea coordinada e interinstitucional que involucre a los tres poderes del Estado. Es fundamental realizar investigaciones criminales complejas de inteligencia criminal, endurecer las penas y, también, realizar patrullajes e investigaciones patrimoniales para extinguir el dominio de las organizaciones criminales y quitarles su poder de fuego”, afirmó Petri.
El objetivo es que las Fuerzas Armadas “no sólo brinden apoyo logístico, sino que también puedan actuar en operaciones terrestres, navales, aeroespaciales y ciberespaciales, sumando así sus capacidades para proteger a los argentinos”, añadió.
Respecto a la reforma del decreto 727/2006 del ex ministro Garré, Petri pretende ampliar las amenazas que enfrentan las Fuerzas Armadas. pueden repeler y también autorizar un despliegue a las fronteras donde los militares puedan realizar tareas de control portando armas y sin necesidad de llevar policías a patrullar.
El artículo 1 de dicho decreto dice textualmente “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de defensa nacional, se utilizarán contra ataques de origen externo perpetrados por fuerzas armadas pertenecientes a otro(s) Estado(s), sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 24.059. de Seguridad Interior y en la Ley N° 24.948 sobre Reestructuración de las Fuerzas Armadas respecto de los escenarios en los que se prevé el uso del instrumento militar y las disposiciones que definen los alcances de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior. . “Se entenderá como “agresión de origen externo” el uso de la fuerza armada por parte de un estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o de cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, añadió al decreto de Garré.
Otro artículo que buscará reformar ese decreto es el 3º, que dice que “el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinal, en la planificación y capacitación, en la previsión de adquisición de equipos y/o medios, como tampoco en actividades relacionadas con la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones propias del ámbito de la seguridad interior, tal como aparece delimitado en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi