El pospuesto Pacto de Mayo que convocó el Gobierno, que aún no puede sellarse por falta de acuerdo respecto a la Ley de Bases, prevé que la suma de los el gasto nacional, provincial y municipal no supera el 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Ése sería, en opinión de la administración libertaria, el nivel óptimo del peso del sector público consolidado en la economía.
Entonces, Alcanzar ese objetivo implica que una vez se cierre el ajuste previsto para 2024 se seguirá pasando la “motosierra” sobre el sector público. Hay que recordar que el gasto público equivalía al 25% del PIB en los años 1990, con el auge de la convertibilidad y el tipo de cambio atrasado.
Según un análisis realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los distintos niveles de gobierno deben reducir la mayoría de los diferentes gastos en un 81%. El informe toma como base 2004, un año en el que, tras la salida de la convertibilidad y el reordenamiento de los números macro, la economía había alcanzado ese piso de gasto.
El estudio elaborado por el economista Nadin Argañaraz Se proyectan posibles caminos para alcanzar la meta del Pacto de Mayo, un esfuerzo que también requiere de un acuerdo político que vaya más allá de la actual administración. Por ejemplo, si el Gobierno supone que la economía debe gestionarse con un tipo de cambio ligeramente atrasado, el plan requiere una reducción de los impuestos y, para ello, una reducción del gasto.
El punto de partida es que en los niveles de gasto del gobierno nacional, las provincias y CABA y los municipios, El peso relativo del gasto consolidado en 2023 habría sido del 39,5% del PIB.
La estructura del gasto por nivel de gobierno permite afirmar que la mitad del gasto fue realizado por la Nación y la otra mitad por las provincias, CABA y los municipios. En concreto, entre las provincias y CABA 40% y los municipios 9%.
El otro aspecto que es relevante para la sociedad argentina es el destino del gasto público. El principal es el destinado a pago de salarios y contratos estatales, que representa el 12,2% del PIB. El 65% del gasto se concentra en Provincias y CABA, encargándose de la prestación de servicios intensivos en mano de obra como salud y educación. El segundo gasto más importante en Argentina es el de Prestaciones de Seguridad Social, con un 9% del PBI. En este caso, $75 de cada $100 gastados por el Estado se concentran en el gobierno nacional.
En primer lugar, la IARAF indica que de bajar al 25% del PIB, “la mayor disminución real sería el gasto en déficits operativos de las empresas públicas nacionales (con una reducción del 100%”).
Luego, otro rubro de gasto muy fuerte corresponde a “las transferencias de capital de los municipios (con una disminución del 86,4%) y la inversión nacional directa real (con una caída del 57,4%)”.
Por el contrario, el informe indica que “Los tres gastos que menos variación necesitarían serían las transferencias corrientes de las provincias (con una baja mínima del 2,3%), gasto en intereses de la deuda provincial (con una disminución del 9%) y gasto provincial en bienes y servicios (con una reducción del 20,7%)”.
Si se consideran los tres niveles de gobierno, en el sector público nacional los tres rubros que requieren mayor ajuste son el déficit operativo de las empresas públicas nacionales, inversión directa real y gasto en transferencias corrientes de la nación (-54,7%).
Por otro lado, en el sector público provincial, serían los salarios con el 39,9%; las prestaciones provinciales de seguridad social, con el 34,3% y la inversión real directa provincial, con un ajuste del -31,7%.
en el sector público municipal, sería transferencias de capital, inversión directa real con 45.8% y el gasto en bienes y servicios, con un 35%.
Milei y el objetivo del Pacto
De acuerdo con la Consultora Sarandí”, declaró el Presidente en su discurso oficial al inicio de las sesiones ordinarias que tuvo como objetivo reducir el peso de la gasto público consolidado del Estado argentino en sólo el 25% del PBI”.
“Bajo su criterio, sería un parámetro aceptable en relación a la capacidad de cobertura a través de recursos genuinos y sin abrumar al sector privado con una presión fiscal excesiva”, afirma el consultor.
El informe considera que “las medidas de austeridad de sus primeros meses de mandato van en la misma dirección, ya que las aplicaciones de fondos en los primeros cuatro meses del año verificaron un recorte de 1,5 puntos del PIB con relación a finales de 2023”.
Con información de Telam, Reuters y AP