El Gobierno revoluciona el proceso de selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia
En un movimiento inesperado, el Gobierno ha oficializado este martes cambios trascendentales en el proceso de selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el Defensor General de la Nación. A través del decreto 467/2026 publicado en el Diario Oficial, se busca desbloquear el proceso de cita en un contexto donde el porcentaje de vacantes en el sistema de justicia federal y nacional es elevado y genera retrasos en los procesos judiciales.
Elección de jueces: las modificaciones realizadas por el Gobierno
Esta medida representa una reforma del decreto 222 y 588 de 2003 (y sus modificaciones posteriores, incluido el decreto 267/2024), con el objetivo de eliminar la etapa administrativa previa a la designación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos. El eje central de la reforma es la eliminación de órganos administrativos que el Ejecutivo considera una duplicación de instancias.
Nuevos plazos y mayores controles de activos
Las normas buscan restablecer el dinamismo constitucional e introducen cambios operativos y plazos estrictos para evitar una burocratización excesiva. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran la velocidad para la Corte Suprema, donde en caso de producirse una vacante en el máximo tribunal, el nombre y antecedentes del candidato deberán publicarse en un plazo máximo de 30 días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Justicia.
El modelo de “flexibilidad”
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defiende el poder presidencial de nominación como un acto eminentemente político e institucional. En este sentido, la norma cita como modelo histórico la amplia flexibilidad de EE.UU y confirma que el control de idoneidad y el escrutinio público deberían concentrarse en la Cámara Alta para garantizar el control democrático.
Con la derogación de los artículos que ralentizaban el proceso en las sedes administrativas, el Gobierno apuesta por una cobertura más eficiente de las vacantes para normalizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La medida entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación oficial.
