El gobierno nacional solicita formalmente la suspensión de la falla del juez estadounidense Loreta Presska, que ordena a YPF que entregue acciones al Burford Capital Vulture Fund, y confirma que está progresando con una apelación para revertir la decisión. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, declaró que la sentencia es «inaplicable» porque contradice la Ley 26,741, que requiere la autorización del Congreso para la mayoría agravada en cualquier transferencia de acciones de petróleo.
La posición oficial marca una línea de defensa legal, argumentando que YPF es una sociedad anónima con accionistas privados y que el estado argentino no puede estar obligado a cumplir con una orden en una herencia que no se maneja directamente. El fallo no reconoce la inmunidad soberana y no tiene en cuenta que las acciones no son mantenidas por el estado o legalmente transferibles.
Fracaso contra Argentina: los antecedentes
Este conflicto se originó en la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar el control estatal de la empresa. Burford Capital, un fondo especializado en litigios, adquirió los derechos de demanda de los accionistas minoritarios y logró que la justicia estadounidense fallara a su favor bajo el argumento de que el estado violó el estatuto corporativo de la compañía al no lanzar una oferta pública por las acciones restantes.
Según los análisis legales anteriores, la defensa argentina insiste en que la expropiación fue un acto soberano protegido por la Constitución y que no se puede dar un estatuto privado a una decisión de interferencia respaldada por el Congreso. Sin embargo, el juez Preska rechazó ese argumento, lo que llevó al gobierno a acelerar una estrategia legal para evitar que se complete la orden.
El mercado sigue de cerca el caso, ya que las acciones de YPF cayeron un 5% después de conocer el fallo, reflejando la preocupación por el futuro de la empresa. El gobierno también está evaluando modificaciones al estatuto corporativo de la compañía petrolera para protegerla de futuras demandas, aunque la medida genera divisiones internas. Con la apelación en progreso, la disputa de YPF está surgiendo como otro frente de batalla entre Argentina y los fondos buitre, en un contexto de creciente tensión por los recursos de energía estratégica.
