Aunque el presidente Javier Milei rechazó públicamente cualquier posibilidad de fijar por decreto el aumento del salario mínimo Tras el fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicalistas el pasado jueves, al Gobierno no le queda otra opción que cumplir con la legislación vigente y establecer unilateralmente la actualización del piso salarial a través del mecanismo de adjudicación del Ministerio de Trabajo. La definición, que fue reclamada insistentemente por la dirección de la CGT en las últimas horas, se sabrá el martesal borde del plazo legal para oficializar el aumento, según fuentes de la administración libertaria.
La proporción del aumento del salario mínimo, herramienta clave para determinar el monto del beneficio del plan Potenciar Trabajo, el valor de las pensiones mínimas y el piso salarial a partir del cual los trabajadores quedan cubiertos por el Impuesto a la Renta, surgirá de la conversaciones iniciadas por autoridades laborales encabezada por el secretario del Trabajo, Omar Yasín, con el ministro de Economía, Luis Caputo.
El compromiso del Gobierno es establecer un aumento por un período limitado (bimensual o trimestral) y se analiza un esquema de actualización alrededor del 45% o 50% que llevaría el mínimo de los 156.000 dólares actuales a una cifra de entre 220.000 y 230.000 dólares, se deslizó desde el Ejecutivo. «La idea es llegar a abril con el aumento», comentó un portavoz oficial en línea con la expectativa de Milei y Caputo de lograr para entonces una desaceleración de la inflación y la mejora de los indicadores económicos.
De todas formas, el incremento que evalúan dista mucho del propuesta planteada por la CGT y las dos CTA en el marco del frustrado Consejo del Salario, donde exigieron una actualización del 85% desde febrero para elevarlo a $288.600una iniciativa que fue rechazada en dos ocasiones por representantes del sector empresarial.
«No habrá decreto, el aumento se establecerá por resolución de la Secretaría del Trabajo, según lo establece la ley», confirmaron fuentes oficiales sobre la definición del nuevo aumento mínimo. Esa decisión fue confirmada luego de que Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato dirigente de la CGT, anunciara este domingo que el sindicato tomará las medidas legales necesarias para que el Gobierno fije el nuevo aumento del piso salarial.
«Es una obligación legal que cuando no hay acuerdo sobre el salario, el Gobierno tiene que hacer una adjudicación. Le vamos a exigir que genere el laudo y si no lo hace acudiremos a los tribunales.«, advirtió el dirigente sindical. Sucede que, como se anticipó Clarín, la Ley 24013 que regula el funcionamiento del Consejo del Salario establece en su artículo 137 que a falta de acuerdo entre los representantes empresariales y sindicales en dos sesiones del órgano tripartito, el presidente del mismo -en este caso Yasín- deberá disponer a través de un adjudicar el aumento del piso. Y tiene un plazo de 3 días hábiles para oficializar esa decisión, que se cumplirá el martes.
Más allá de la presión sindical, que se intensificó durante el fin de semana con fuertes advertencias de la dirección de la CGT sobre la posibilidad de convocar una nueva huelga general, El aumento del piso salarial constituye una definición clave para el Gobierno porque tiene un impacto directo en las cuentas públicas.
Por un lado, tiene un impacto total en el importe de los planes. Mejorar el trabajo, que acogen a más de 1,2 millones de desempleados. Actualmente ese beneficio, que equivale a la mitad del salario mínimo, es de $78.000. Con el aumento proyectado por el Gobierno estaría entre $110.000 y $115.000. Algo similar ocurre con los haberes mínimos de quienes se jubilan con 30 años de aportes o más (alrededor de 1,5 millones de jubilados), cuyo beneficio por ley debe ser igual al 82% del piso salarial.
Además, la recomposición del salario mínimo también tiene efectos para los trabajadores de ingresos medios y altos y actualiza el piso de ingresos a partir del cual son alcanzados por el pago del impuesto sobre la rentaun umbral que actualmente equivale a 15 salarios mínimos.
Fuera de los efectos del aumento del salario mínimo en las cuentas públicas, la definición también constituye la principal referencia para la evolución de los salarios en el sector informal y actualiza los ingresos de unos 300 mil trabajadores privados fuera del acuerdo. Incluso funciona como primera referencia para actividades que aún no han iniciado sus negociaciones conjuntas.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi