La Corte Suprema de Justicia rechaza las propuestas del Gobierno de Javier Milei: ¿Qué significa esto para la Ley de Financiamiento Universitario?
En un fallo que ha sacudido al gobierno de Javier Milei, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado las propuestas del Ejecutivo para evitar cumplir con la medida cautelar que ordenaba la ejecución presupuestaria de la Ley de Financiamiento Universitario. Este jueves, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron la sentencia, dejando al gobierno en una posición comprometida.
Desde la Casa Rosada, las reacciones no se hicieron esperar. Primero, se cuestionó la velocidad con la que se emitieron las sentencias, tanto en el recurso extraordinario federal como en la apelación de queja. Sin embargo, el Gobierno no interpretó que la sentencia definitiva implicara una ejecución inmediata de los fondos, sino que primero debía iniciar el proceso de ejecución de la sentencia.
El Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello había llegado a un acuerdo con el Consejo Nacional Interuniversitario (CIN) que incluía una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes, así como asignaciones para hospitales universitarios y aumentos en becas. A pesar de este arreglo, los gremios docentes y no docentes cuestionaron que no se cumplieran los estándares exigidos por la Justicia, en particular los artículos 5 y 6 que exigían la indexación de salarios y becas por la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Fuentes judiciales del Gobierno aseguraron que el acuerdo se cumplirá, aunque la ejecución de los fondos requeridos por la medida cautelar no es inmediata. Ahora que el Tribunal desestimó el recurso de apelación, el caso regresará al tribunal de primera instancia bajo la competencia del juez federal Martín Cormick.
En medio de esta incertidumbre, las universidades han manifestado su desacuerdo con la posición del Gobierno, afirmando que la ejecución es inmediata y que esperan que se cumplan las medidas ordenadas por la Justicia.
La batalla legal por los recursos de la educación superior se originó tras la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y el posterior decreto presidencial que congelaba su aplicación. Tras una serie de fallos judiciales, la Corte Suprema desestimó el recurso del Gobierno, obligándolo a financiar las actualizaciones requeridas por la ley mientras el caso continúa su trámite en los tribunales inferiores.
En definitiva, la decisión de la Corte Suprema deja al Gobierno de Javier Milei en una situación delicada, obligándolo a cumplir con las medidas exigidas por la Justicia en relación a la Ley de Financiamiento Universitario. La incertidumbre y las tensiones persisten mientras se espera la resolución final del caso.
