El déficit fiscal primario del primer semestre alcanzó 1,11% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que aumentó 16,7% en términos reales respecto al año pasado, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El resultado fue producto de una caída real de los ingresos del 8,8% y una caída del 6% de los gastos.
Es evidente que la mayor parte de la pérdida de recursos es producto de la sequía, que incidió, sobre todo, en las retenciones a las exportaciones. Pero además, el año pasado el Gobierno pudo calcular, con la autorización del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el 0,3% del PIB de «renta de la propiedad», que este año no está.
Todos estos elementos están sobre la mesa en las negociaciones con el FMI que Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur sostienen con el chileno Rodrigo Valdés. Según consultores privados, el camino lógico para continuar la relación sería relajar la pauta de déficit de este año del 1,9% del PIB al 2,4% o 2,5%, lo que en todo caso implica un esfuerzo fiscal considerable para 2023. Aunque el Fondo exigió una mayor contracción.
En junio, la quiebra del Sector Público Nacional escaló a $611.743 millones, lo que implicó que se duplicó respecto del promedio mensual entre enero y mayo. Es probable que tal salto se explique por la cancelación de la deuda flotante. Es algo similar a lo ocurrido en enero, mes que estacionalmente tiene bajo déficit o superávit, pero este año tuvo una roja de casi $204.000 millones. En diciembre y noviembre el gobierno había pospuesto los pagos para lograr la meta.
“El déficit primario acumulado ascendió a 1,11% del PIB. En comparación con el mismo período de 2022, implica un aumento de 0,14 puntos porcentuales. Los intereses de la deuda acumularon un aumento real interanual de 27,7%. En términos del PIB ascendieron a 0,8%”, señaló la IARAF.
Con información de Telam, Reuters y AP
