El presidente Javier Milei ha causado revuelo con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a finales de diciembre de 2025, el cual reforma la Ley de Inteligencia Nacional y otorga nuevas facultades operativas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta medida ha generado un intenso debate sobre los límites de la inteligencia en una democracia.
El texto del decreto, firmado por algunos ministros y el presidente, amplía los poderes de la agencia para incluir el arresto de personas en determinados casos, una modificación que ha despertado preocupaciones sobre las garantías individuales y la separación entre inteligencia y fuerzas de seguridad. Mientras algunos sectores apoyan la actualización institucional como respuesta a los desafíos de seguridad contemporáneos, otros la critican duramente.
Legisladores y dirigentes de distintos espacios políticos han expresado sus posturas frente a esta medida. El diputado Maximiliano Ferraro la calificó como un «retroceso intolerable y de nulidad absoluta», cuestionando tanto la forma como el fondo de la reforma. Por su parte, el diputado Agustín Rossi advirtió que la modificación “anula garantías individuales básicas” y convierte a la SIDE en una especie de “policía secreta”.
La polémica ha trascendido las redes sociales y ha llegado a la Cámara de Diputados, donde se han solicitado la conformación de comisiones de control para debatir y eventualmente rechazar el DNU en el Congreso. El bloque peronista ha pedido la formación de la Comisión Bicameral de Supervisión de Organismos de Inteligencia, mientras que otros sectores como el FIT y Provincias Unidas también se han manifestado en contra.
Desde la propia organización, la SIDE ha defendido la reforma argumentando que busca modernizar un sistema que ha sido utilizado de manera discrecional durante décadas. Sin embargo, críticos señalan que la reforma amplía el grado de opacidad institucional y plantean dudas sobre su aplicación en la práctica.
En conclusión, la reforma impulsada por el presidente Milei ha generado un intenso debate en Argentina sobre los límites de la inteligencia en una democracia. Mientras algunos sectores la respaldan como una respuesta a los desafíos de seguridad, otros la critican por poner en riesgo las garantías individuales y la separación entre inteligencia y fuerzas de seguridad. El futuro de esta medida se definirá en el Congreso, donde se espera un intenso debate sobre su viabilidad y legalidad.
