El juicio político de censura al presidente de EcuadorGuillermo Lasso, opone dos posiciones antagónicas en una feroz batalla por la continuidad del jefe de Estado, cuyo vencedor se definirá por los votos de la Asamblea Nacional (Parlamento), más allá de los argumentos jurídicos presentados por ambas partes.
El barrera de 92 votos necesaria para remover al presidente, equivalente a dos tercios de la Legislatura, mantiene en ciernes el panorama político del país andino mientras el Ejecutivo intenta, al mismo tiempo, enfrentar una crisis de seguridad desatada por la violencia del crimen organizado.
Por un lado, la oposición, que incluye al correísmo, el movimiento indígena de Pachakutik, Izquierda Democrática y el derechista Partido Social Cristiano (PSC), otrora aliado electoral de Lasso, mantener la confianza en la recolección de los votos por la censura, mientras el Gobierno cree que puede salvar al presidente del jaque.
en el fondo es una acusación de presunto desfalco (malversación de fondos) en la que, según la oposición, presuntamente incurrió Lasso al continuar unos contratos de la flota petrolera estatal (Flopec) con la privada Amazonas Tankers sobre los cuales el Tribunal de Cuentas realizó un informe.
La fase de presentación de pruebas y testimonios ante la Comisión de Vigilancia de la Asamblea parece haber dado más seguridad al oficialismo, pero los opositores recuerdan que el informe que realizará esa comisión no vinculante y que todo dependerá de las votaciones en pleno de la sede parlamentaria.
Lo que dice la oposición
“Dijeron que el juicio político estaba muerto, pero está más vivo que nunca”, advirtió la asambleísta Viviana Veloz luego de culminar la etapa de presentación de pruebas y testimonios. Cerca del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y miembro de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes).
“Hay pruebas suficientes”, aseveró la parlamentaria, al señalar que los promotores del juicio, incluida ella, han presentado más de 100 pruebas entre documentos y testimonios.
“Confirmamos que existe una responsabilidad política para que el Presidente de la República sea censurado y despedido. Todas estas pruebas nos dan la razón”, insistió.
Veloz destacó que «Lasso no puedo ir otro dia en sus funciones como Presidente de la República” y afirmó que la bancada de Pachakutik votará a favor.
El parlamentario anticipó que llevarán a declarar al pleno al exgerente de Flopec Johnny Estupiñán, uno de los testigos claves, luego de que la Comisión de Vigilancia no aceptara que rindiera su testimonio el último día de presentación de pruebas, al no haberlo se presentó para el día en que fue citado.
En ese sentido, acusó a la Comisión presidida por el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, cercano al oficialismo, de ser «parcial» y de no ser imparcial, por lo que subrayó que el pleno de la Asamblea tomará la decisión«más allá del informe» que debe realizar ahora este grupo parlamentario sobre la conveniencia de continuar con el proceso.
lo que dice el gobierno
Mientras tanto, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en intentar convencer a los asambleístas más indecisos demostrando que la acusación no tiene base legal y que la responsabilidad de Lasso en este caso es nulo.
La defensa del presidente se basa en que los contratos de Flopec con Amazonas Tankers fueron firmados por la administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, durante el mandato de Lasso, lo que se ha hecho es adoptar las recomendaciones de la Contraloría para mejorar las condiciones de los contratos para el Estado.
Así lo aseguró a EFE el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Jorge Benavides, destacando que en ningún momento la Contraloría solicitó rescindir los contratos y recordando que han reportado ganancias para Flopec. También afirmó que el juicio político debe ceñirse al cargo y no en una evaluación general de la gestión de Lasso.
Benavides también aseguró que “el Presidente de la República no tiene competencia para influir directamente en estos temas contractuales, (porque) las empresas públicas tienen un gerente que toma decisiones y rinde cuentas, y que es elegido por un directorio de la empresa pública”.
“A lo largo de las comparecencias (en la Comisión Fiscalizadora) no se demostró ningún tipo de responsabilidad política y menos una responsabilidad directa del presidente por el presunto desfalco”, dijo Benavides.
“Por eso creemos entonces, amparados por la razón de derecho, que finalmente en la discusión que se da en el pleno no prosperará este uso inapropiado de un juicio político, porque están forzando una causa para establecer una supuesta responsabilidad del presidente. ”, concluyó Benavides. .
Fernando Gimeno es periodistas de EFE
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