El juez de instrucción del caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha sufrido un nuevo revés. La Audiencia de Barcelona ha revocado la decisión de imputar al FC Barcelona y al resto de investigados por el delito de cohecho al descartar que Enríquez Negreira pueda ser considerado funcionario público. Esta decisión abre la puerta a exonerar al presidente del club, Joan Laporta, que había sido acusado únicamente de cohecho cuyo plazo de prescripción era mayor.
El auto dictado por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, al Barça y al resto de investigados. Aunque Laporta no está absuelto formalmente de los cargos, una vez que caiga el delito de cohecho, su acusación por este delito también será desestimada. Para ello será necesario dictar una nueva resolución. El caso continuará siendo investigado por los delitos que fueron señalados en la primera denuncia por parte de la Fiscalía y que marcaron el inicio de la investigación. Son los delitos de administración desleal, que busca ver si un directivo metió la mano en el palco, o de corrupción deportiva, que investiga si se alteró la competición pagando al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
El argumento adoptado por la Corte es el mismo que ya habían advertido los afectados: que Enríquez Negreira no puede ser considerado un funcionario público y por tanto no se puede investigar la causa de este delito. El juez Aguirre hizo una pirueta jurídica para poder investigar por el hecho de investigar por este delito previsto sólo para funcionarios públicos. Consideró que Negreira podría ser considerado un empleado público porque la Federación Española de Fútbol es una entidad privada pero con función pública. “La Federación Española de Fútbol tiene la condición de persona de derecho público a efectos penales y sus directivos, incluidos los que forman parte de comisiones técnicas, deben tener la consideración de funcionarios públicos a efectos penales”, argumentó.
El juez de instrucción consideró a Negreira un funcionario público porque la Federación es una entidad privada con función pública.
Nunca antes en la historia un funcionario de la Federación había sido acusado de cohecho ya que nadie había sido considerado funcionario público, sin embargo, el juez Aguirre lo hizo. Ahora, el Tribunal responde que Negreira no puede ser considerado como tal ya que «no fue designado por autoridad competente en el ejercicio del mando pero tampoco pueden calificarse como de interés general sus funciones como cargo en el Comité Técnico de Árbitros», condiciones que estos ejercen los funcionarios públicos.
Todos los investigados, padre e hijo de Negreira, los ex presidentes Bartomeu, Rosell y los ex directivos del club, Òscar Grau y Albert Soler, habían interpuesto recurso de apelación contra la acusación de cohecho, que implicaba también penas de prisión más elevadas, en caso de condena, y abrieron la puerta en caso de juicio o ante un jurado popular. La propia Fiscalía ya se había pronunciado contra la inclusión de este delito y sólo el Real Madrid, que está representado en el caso como víctima, alegó que «tenía cabida la figura delictiva de funcionario público» y que se ajustaba plenamente a la ley como “La investigación ha avanzado y ha revelado la corrupción sistémica del sistema de arbitraje”.
El club azulgrana ha mostrado “su satisfacción” con el sentido de la resolución dictada por el Tribunal. «Mantenemos nuestro convencimiento de que a través de la Justicia podremos esclarecer definitivamente los hechos objeto de la denuncia y demostrar la absoluta inocencia» de la entidad catalana, dijeron en un comunicado.
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