La ciudad de Barcelona no reúne las condiciones legales para ser declarada zona de mercado tensionado que establece la nueva ley del Derecho a la Vivienda, por lo que no se pueden aplicar topes de alquiler, según un estudio presentado esta mañana por la Cámara de la Propiedad, que concluye que, en el área metropolitana, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet tampoco cumplen.
El gerente de la Cámara, Óscar Gorgues, ha señalado que la entidad ha utilizado los mismos datos y la misma metodología que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona utilizaron para aplicar la ley catalana de control de rentas en 2020, actualizándolos porque la nueva ley exige Calcular las subidas que ha sufrido el mercado inmobiliario en los últimos cinco años.
Replicando estos cálculos, apunta Gorgues, en la capital solo los distritos de Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi y Sant Martí cumplirían alguno de los requisitos que marca la ley. Sarrià y Sant Martí podrían declararse tensos, porque la subida de los precios de venta en los últimos cinco años supera en más de 3 puntos la subida acumulada del IPC. En Ciutat Vella, por su parte, porque el esfuerzo para pagar el alquiler supera el 30% de la renta personal de los habitantes del distrito, siendo el 31%.
Menos del 30% de esfuerzo
Según los datos oficiales utilizados por la Cámara, para el conjunto de la ciudad, la carga sobre la renta media de los hogares es del 24,11% en el caso de las hipotecas y del 22,46% en el caso del alquiler, sin llegar al 30% que establece la norma. como máximo.
En cuanto al incremento de precios, la renta media ha subido en los últimos cinco años un 10,47% y el precio medio de venta un 13,27%, frente a una subida media del IPC del 11,64%. En ambos casos, por tanto, las subidas no superan el máximo previsto por la ley, que sería del 14,64% (tres puntos por encima del IPC).
“Esperemos que las administraciones no opten por declarar solo algún distrito como zona tensionada, porque eso repercutirá negativamente en esa zona de la ciudad y desviará inversiones”, reconoció Gorgues.
El índice estatal, peor
Joan Ràfols, presidente de la institución, aclara que “desde la Cámara no decimos en absoluto que no haya tensiones en el mercado inmobiliario de Barcelona, porque las hay. Pero no se cumplen los requisitos establecidos por la ley. Y que el origen de los problemas es la falta de suministro y la ley no solo no los atiende sino que los agrava”.
Ràfols también destacó que si los cálculos se hacen en base al índice estatal de alquileres, que utiliza los datos declarados por los propietarios en el IRPF y por tanto el parque de viviendas y no los contratos que se firman cada año, el esfuerzo en el acceso a la vivienda es incluso más bajo.
La Cámara también ha estudiado la situación en el conjunto del área metropolitana, y aunque ninguna ciudad cumple con el esfuerzo del 30%, debido al incremento de los precios de compra en los últimos cinco años, todas estarían incluidas, excepto Sabadell y Santa Coloma de Gramenet. “Creemos que el aumento de precios se debe en parte a un aumento de las promociones de obra nueva, que son más caras y hacen subir las medias, pero la ley no contempla estos matices”, reconoció Gorgues.
Ràfols adelantó que la Cámara está a la espera de ver qué hace la Generalitat, que ya ha anunciado que ha iniciado los trámites para declarar zonas tensas y adelantó que «serán activas en defensa de los derechos de los propietarios» y «beligerantes», llevando a los tribunales las declaraciones de zona tensionada cuando se realizan.
Los juzgados ya han suspendido la ley catalana
Ràfols ha explicado que ya lo han hecho en aplicación de la ley catalana, y cuando la administración rechazó sus alegaciones interpusieron una demanda en lo Contencioso-Administrativo, de cuyo resultado, reconoció, no habían informado hasta ahora. “El juzgado, a petición nuestra, suspendió cautelarmente la declaración de zonas tensionadas en Barcelona, pero desde que el Tribunal Constitucional invalidó la ley, esto ya no ha tenido relevancia. El procedimiento judicial, sin embargo, sigue abierto.
La Sala ya ha realizado los cómputos de los supuestos previstos por la ley en distintas localidades con el fin de actuar con celeridad en el período de información pública y presentar las alegaciones correspondientes. «Con la ley catalana se dejaron 15 días, y algunas administraciones hasta una semana y en pleno agosto, y no nos dieron tiempo», reconoció. En opinión de Gorgues, “los cálculos los hemos hecho con las fuentes oficiales y la metodología que ellos mismos utilizaron y nuestra conclusión es clara. Si esta metodología no es correcta, lo terminará decidiendo un juez”.