El enfrentamiento entre la patronal y el Gobierno sube un escalón más. Dos de las decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros han provocado una dura reacción de la CEOE, que considera que el Ejecutivo mantiene una deriva intervencionista, al establecer la prevalencia de los acuerdos autonómicos, y le acusa de querer «romper el diálogo social». dando entrada al CES a las asociaciones patronales regionales.
Se refieren a la prevalencia de los acuerdos autonómicos sobre los estatales que entrarán en vigor este jueves después de que ayer el Gobierno lo introdujera en el decreto ley que reforma la prestación por desempleo; y también a otra novedad incluida en esta norma, la entrada de asociaciones empresariales regionales, como Pimec, en el Consejo Económico y Social (CES). Dos cuestiones que se han adoptado sin consulta ni negociación con los interlocutores sociales.
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En un comunicado, la CEOE afirma que «el Gobierno continúa ahondando en la deriva intervencionista» en el ámbito de las relaciones laborales, dado que modifica «sustancialmente, unilateralmente y para cumplir pactos políticos» un espacio de negociación que consideran oportuno. a empresas y trabajadores.
Además, la patronal insiste en que esta prevalencia dada a los acuerdos regionales rompe la unidad del mercado y que de esta manera se vulneran los acuerdos alcanzados en la última reforma laboral. La CEOE considera que en aquellas negociaciones se acordó dejar de lado la cuestión de la prevalencia de los acuerdos regionales. Un punto de vista que no comparte el Gobierno, que considera que nada le impide desarrollar este asunto. Además, el Ejecutivo está condicionado a su negociación con el PNV para que este partido apoye la investidura de Pedro Sánchez. En aquel momento, el Gobierno se comprometió a dar prioridad a los acuerdos regionales, lo intentó en el primer decreto de reforma de las prestaciones por desempleo, que tumbó el parlamento, y ahora lo vuelve a aplicar.
Foment califica al Ejecutivo de “filibustero y autoritario”
Por su parte, Foment del Treball ha acusado al Gobierno de ser «un obstruccionista y autoritario por dinamitar conscientemente el diálogo social», añadiendo que estas actuaciones del Gobierno hacen pensar que su objetivo «es legislar contra los empresarios». Esta prevalencia de los acuerdos autonómicos también suscitó ayer críticas por parte de los sindicatos, sobre todo porque se ha llevado a cabo sin negociación ni contacto alguno con los agentes sociales.
El segundo elemento de rechazo de la patronal son las medidas que está tomando el Gobierno para introducir más competencia en la representación empresarial. Si hasta ahora, la CEOE era la única representante en órganos como el CES, el decreto de ayer da a este organismo tres meses para adaptar sus textos legales para la entrada de las patronales autonómicas. Llegados a este punto, la CEOE considera que el Gobierno quiere «romper el diálogo social forzando la entrada en foros de diálogo de actores afines a sus intereses», como demuestran, dicen, en los cambios en la normativa del CES.