La construcción de viviendas protegidas (VPO) volvió a caer el año pasado, hasta que las calificaciones finales realizadas por el Ministerio de Vivienda se situaron en sólo 8.646, un 10% menos que las de 2022 y un 18% menos que las de 2021.
Esta caída se produce a pesar de las declaraciones políticas, que aseguran que la vivienda está en el centro de las prioridades públicas, y mantiene la promoción de vivienda protegida en mínimos históricos, muy por debajo de la media de 45.000 unidades que se construyeron hasta 2012.
En 2023 se hicieron 8.646, un 18% menos que en 2021, frente a la media de 45.000 hace una década
“La mayoría de las viviendas protegidas están hechas por promotores privados”, destaca Xavier Vilajoana, presidente de la asociación de promotores catalanes APCE. Así, según datos del propio ministerio, el 76% de las viviendas protegidas fueron promovidas por particulares, con 6.572 unidades. “Es un sector en el que para que salgan los números hay que fijarse en los céntimos, por eso el aumento de los costes de construcción, la subida de las tarifas y la falta de apoyo público, ha frustrado muchas operaciones”, se lamenta. Vilajoana.
Según datos de la consultora JLL, al examinar la aportación del sector público, desde 2013 han sido las autonomías las que han hecho que la vivienda poco protegida en la última década, hasta que los planes autonómicos supongan el 85%, sobre todo por la tirón de la comunidad de Madrid.
“Los discursos de los políticos no se notan en los presupuestos, ni en los estatales, ni en los autonómicos o locales”, afirma Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad de Barcelona. Así, según un estudio elaborado por Culmia sobre la situación de la vivienda asequible en España, el Estado destinó sólo el 1,2% de su presupuesto a Vivienda en 2022, un porcentaje que en el caso de la Generalitat de Cataluña fue sólo ligeramente superior, el 1,8%. . “Hay demasiada política y hay que ponerse manos a la obra”, afirma Gorgues.
Uno de los principales problemas que dificulta la construcción de VPO es la falta de suelo. José María Basañez, presidente del Grupo Tecnitasa, defiende así la importancia de “tener una Ley del Suelo que acelere los plazos de desarrollo urbanístico”. El retraso en su tramitación, subraya Vilajoana, imposibilitará cumplir los objetivos de las administraciones de sacar al mercado más viviendas de estas características.
Los promotores señalan que incluso la gestión del suelo público por parte de los ayuntamientos es muy lenta. “Hay capital interesado en invertir en viviendas protegidas y empresas interesadas en promocionarlas, pero estamos atrapados en una maraña burocrática”, afirma Gorgues.
Los promotores privados apuestan por construir viviendas asequibles: con precios de alquiler entre 400 y 800 euros al mes, de modo que el alquiler no supere el 35% de los ingresos de las familias, el umbral que internacionalmente se considera razonable. Para ello necesitan que la administración ceda suelo público, con fórmulas como concesiones o cesión de derechos de superficie. “Como promotor hay que hacer muchos números, porque los costes de construcción son prácticamente los mismos que los de la vivienda libre”, afirma Vilajoana. Pero una vez construidas, las casas encuentran inversores. “Es una fórmula que da un retorno a largo plazo prácticamente garantizado, y responde a una demanda social creciente”, afirma Silvia Damiano, directora de Valor & Riesgo de la consultora JLL.
Las viviendas sociales, con alquileres inferiores a 400 euros para las familias más desfavorecidas, en cambio, sólo pueden ser realizadas por el sector público, señala JLL, porque aunque la administración regale el terreno, el alquiler no cubre el costos de construcción.
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