Mientras el Gobierno sigue reflexionando sobre si mantendrá o no al director de Aduanas en su cargo, Rosana Lodovicoquien en 2022 pidió un préstamo a una empresa vinculada al contrabando, La causa penal que investiga el hecho recayó en el juez federal Ariel Lijo, el mismo que fue postulado por Javier Milei para ocupar un asiento en la Corte Suprema.
Este es el expediente impulsado por el diputado Marcela Campagnoli contra el funcionario, quien había sido colaborador del massista Guillermo Miguel en la organización durante la administración anterior, pero fue ascendido para liderarla por la administración actual.
El caso, revelado por La Nación, involucra a Lodovico y su exmarido Luis Antonio Bocassi, quienes hace dos años contrataron un préstamo de 250.000 dólares con la firma Promarlon SA, una sociedad anónima involucrada en supuestas prácticas ilícitas en el ámbito aduanero. Primero, las maniobras comenzaron a ser investigadas por un juzgado federal de San Martín.
Sin embargo, el funcionario alegó que el préstamo se utilizó para adquirir una propiedad en Canning, valorada en 330.000 dólares, con aportes adicionales de ahorros personales. Lo cierto es que esta transacción se realizó mientras ella se desempeñaba como Subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas del organismo.
Consciente del destino de su denuncia penal, en la que solicita que se investigue al imputado por los presuntos delitos de cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario públicocampagnoli Publicó este lunes en su cuenta X: “Pueden creer que la denuncia que presenté el viernes contra el jefe de Aduana cayó en el juzgado del juez Lijo. Nos recusaremos por los vínculos que unen a los hermanos Lijo, un funcionario de Aduana y la causa de la mafia de los contenedores”.
Para el legislador de la Coalición Cívica, el pedido de recusación tiene un fundamento poderoso al recordar que el hermano del magistrado, «Fredy» Lijo, formó una empresa con el cuñado de Lodovico y también un empleado de Aduana, Alejandro Omar Lucano.
Aunque Milei dijo el 1 de mayo que destituiría inmediatamente a cualquier funcionario que «involucrara un acto de corrupción», Por ahora, el Gobierno no ha tomado ninguna decisión contra Lodovico ni contra Florencia Gastaldi, asesora de Karina Milei. que la semana pasada fue denunciado en el juzgado Daniel Rafecas por supuestamente «alquilar» la playa de la flota aérea presidencial a particulares.
“No hay ninguna determinación”dijo el portavoz presidencial esta mañana, Manuel Adorni al ser consultado sobre la situación del jefe de Aduanas. En principio, el Ejecutivo está analizando este caso.
Lodovico trabaja desde hace 30 años en el organismo dependiente de la AFIP. Durante el gobierno del kirchnerista Ricardo Echegaray se desempeñó como jefa del Departamento de Administración Financiera. Posteriormente estuvo a cargo de la Aduana de Ezeiza y fue relegada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi