El Parlamento Europeo aprobó este martes, en su última sesión en Estrasburgo antes de las elecciones, nuevas reglas fiscales que limiten el déficit y la deuda pública. Una revisión del pacto de estabilidad y crecimiento ya existente, que se aplicará a partir del próximo año, y que devuelve a la agenda la disciplina fiscal, tras cuatro años de gasto abierto durante la pandemia y tras la invasión de Ucrania.
Las instituciones ya alcanzaron un acuerdo de principio a principios de año tras meses de difíciles negociaciones entre los países. Con las nuevas reglas, los límites de deuda se mantienen en un máximo del 60% y los límites de déficit en el 3%, como exigen los tratados, pero a diferencia de antes, los Estados tienen un poco más de margen para decidir cómo cumplir. con estos objetivos, además de tener margen para invertir en Defensa y la transición verde.
Cada gobierno tendrá que enviar a la Comisión Europea un plan creíble de cuatro años sobre cómo reducirán la deuda y el déficit, aunque el plazo puede ampliarse a siete años si se adoptan reformas para impulsar el crecimiento. Unos planes que los países deberán presentar a más tardar el próximo mes de septiembre. Aun así, se impondrán los mismos objetivos comunes de recorte, e impedirán que los países pospongan los ajustes, como exigió Alemania durante la negociación. Así, cuando la deuda pública sea superior al 90% deberán reducirla al menos un punto porcentual al año; mientras que aquellas que superen el 3% tendrán que aplicar un recorte mínimo anual del 0,5% del PIB.
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La Comisión Europea será la encargada de monitorear que los países cumplan con lo prometido y podrá abrir expedientes en caso de incumplimiento. Hasta ahora también se incluía la posibilidad de multa, pero este paso nunca se había dado debido a la dureza de la sanción. Por tanto, con las nuevas normas, la multa será del 0,05% del PIB cada seis meses si no se corrigen las desviaciones.
De hecho, ayer se confirmaron datos de la Agencia Europea de Estadística (Eurostat) en los que España incumplió el déficit del 3,6% en 2023, lo que podría llevar a la Comisión a abrir un expediente sancionador. La Comisión Europea ya ha anunciado que propondrá en junio la apertura de procedimientos sancionadores contra aquellos países que cerraron 2023 con niveles de déficit y deuda superiores a los límites marcados en los Tratados.
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Los principales grupos populares, socialistas y liberales, han votado a favor, mientras que los Verdes y la izquierda han votado en contra, al considerar que se trata de una vuelta a la austeridad. El eurodiputado socialista, Jonás Fernández, considera que el amplio consenso es una «gran noticia» y rechaza que conduzca al «austericidio». «Son necesarias para orientar las políticas fiscales de los Estados», ha defendido.
Sin embargo, organizaciones sindicales y ecologistas han criticado las nuevas normas porque creen que no dejarán suficiente margen para invertir en la transición ecológica o en medidas sociales. “Estas reglas fiscales son miopes e irresponsables”, dijeron en un comunicado conjunto la Confederación Europea de Sindicatos, la Red de Acción Climática (CAN), la Fundación Nueva Economía y la organización Plataforma Social.
Las reglas tendrán la aprobación final de los Estados la próxima semana y entrarán en vigor antes de finales de abril.