El juez Sebastián Casanello habilitó una batería extra de solicitudes de prueba a petición del fiscal Guillermo Marijuán, tras levantar el secreto fiscal y bancario del hermano del Jefe de Gabinete, Francisco Adorni. Ante esta situación, la defensa del diputado bonaerense se anticipó con una presentación espontánea para aclarar las inconsistencias que motivaron la denuncia original.
En una entrevista con El Cronista, el abogado Marcelo Peña, quien asumió la defensa del hermano de Manuel Adorni, comentó que la denuncia se prepara como una hipótesis exploratoria para abrir una investigación, no como una acusación con sólido sustento probatorio. Por su parte, el representante legal del funcionario cuestionó el alcance de las medidas impulsadas por Marijuán y sostiene que la investigación se construye sobre presunciones sin sustento técnico definitivo.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso bajo sospecha la evolución patrimonial del funcionario, especialmente la cancelación de un crédito hipotecario del Banco Provincia cercano a los $60 millones en tan solo doce meses. Según el fiscal, Adorni declaró inicialmente un activo compuesto por el 50% de una vivienda en City Bell y un vehículo Chery Tiggo, pero posteriormente incorporó el 50% de un Jeep Renegade y registró la cancelación del crédito hipotecario, lo que generó dudas sobre la justificación de este flujo financiero con los ingresos declarados.
A pesar de que la investigación puede vincularse con la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tanto el juez Casanello como el fiscal Marijuán decidieron avanzar en paralelo al expediente a cargo de otros magistrados. La defensa de los hermanos Adorni asegura estar aportando la documentación necesaria para aclarar las inconsistencias y desactivar la investigación antes de que avance.
La hoja de ruta de la investigación incluye una amplia serie de medidas tomadas contra Francisco Adorni, que van desde el levantamiento del secreto fiscal y bancario hasta la solicitud de información detallada sobre sus movimientos financieros, propiedades, vehículos, empresas y más. La investigación se encuentra en una etapa de producción masiva de pruebas patrimoniales y financieras, con el objetivo de determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados y la cancelación acelerada de la deuda hipotecaria.
En conclusión, el caso de Francisco Adorni ha generado un gran interés público y judicial, con una serie de medidas y solicitudes de prueba que buscan esclarecer las dudas sobre su evolución patrimonial. El desarrollo de la investigación promete ser complejo y detallado, con el objetivo de llegar a la verdad y determinar si hubo algún tipo de enriquecimiento ilícito.
