A pesar de los esfuerzos de Uruguay para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, como la aprobación de una ley en la materia, la creación del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, la tipificación del femicidio como agravante del homicidio y el aumento de el número de albergues, “la violencia contra la mujer sigue siendo un fenómeno generalizado” en la nación sudamericana.
Así lo destaca el sexto informe del Comité de Derechos Humanos sobre Uruguay, que indica que durante el último año Se registraron 30 feminicidios y 38.925 denuncias por violencia intrafamiliar en el país, y que aún no se ha asignado el presupuesto para la implementación efectiva de las medidas de la Ley de Violencia contra la Mujer basada en Género.
También destaca que los operadores judiciales, cuerpos policiales y personal sanitario y de asistencia social aún no cuentan con la “educación y formación específica para abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, y que aún existe”Obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia y por la reparación a las familias como víctimas directas”.
En consecuencia, el Comité exhortó a Uruguay a brindar «recursos económicos, técnicos y humanos» para la «prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todo su territorio».
De igual forma, llamó a capacitar a los funcionarios públicos, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden público y personal de salud, entre otros, para que puedan detectar, procesar e investigar casos de violencia contra las mujeres y facilitar la interposición de denuncias. por las víctimas.
Crece el número de personas privadas de libertad
Si bien el organismo de expertos independientes «toma nota de los esfuerzos» que se han realizado para implementar «el nuevo Código Procesal Penal» y «los esfuerzos para reducir el hacinamiento en las cárceles», junto con «la propuesta del Plan de lucha contra la reincidencia y en favor de la rehabilitación», expresaron su preocupación por el «importante y creciente número de personas privadas de libertad».
El Comité destacó el fuerte incremento en el número de mujeres en esta condición y que solo el 33% de los presos cuentan con sentencia firme, mientras que el 67% de los procesados permanecen en prisión preventiva por períodos prolongados junto con los condenados, situación contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, señala un “aumento considerable de muertes bajo custodia”, “que el nivel de hacinamiento en las cárceles es del 135%” y destacados «élcomo insuficientes condiciones de reinserción y rehabilitación” que hacen que el porcentaje de hacinamiento se mantenga constante.
Por eso, pidió a Uruguay incrementar sus esfuerzos para separar a las personas que se encuentran en prisión preventiva de los condenados, garantizar la investigación de todos los casos de muertes en prisión preventiva y reducir el hacinamiento y el alto porcentaje de personas en prisión preventiva.
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Un periodista cubre una manifestación.
Aumentan amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas
En materia de libertad de expresión, insta a Uruguay a “redoblar esfuerzos para prevenir amenazas y restricciones a la libertad de expresión contra periodistas, así como garantizar que todas las denuncias relativas a periodistas sean investigadas de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. intimidación.
Al mismo tiempo, llama a «garantizar y respetar los derechos de reunión y manifestación de la población, la clase política y las organizaciones de la sociedad civil».
El informe del Comité de Derechos Humanos trata otros temas como la discriminación por orientación sexual e identidad de género; igualdad de género, violencia doméstica y violencia contra la mujer; la Interrupción Voluntaria del Embarazo y los Derechos Reproductivos; la prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; trata de personas; y la situación de los migrantes, refugiados, apátridas y solicitantes de asilo.
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus Estados Partes.
Con información de un.org