La reducción de las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) anunciada por la Comisión Europea quizás pueda calmar las protestas rurales. Pero la revocación de parte de estas medidas ha tenido un efecto colateral y ha puesto en alerta a otro colectivo, el de las organizaciones ecologistas.
“Sacrificar un Pacto Verde Europeo que ni siquiera se ha puesto en marcha por la crisis rural es una irresponsabilidad”, lamentó Celsa Peiteado, responsable del programa Alimentación de WWF España. Tanto esta organización como SEO/BirdLife califican lo anunciado el lunes como un “revés injustificable”. Si se cumplen las promesas de los estados miembros y de la CE a los agricultores, la norma comunitaria reducirá los requisitos de sostenibilidad para recibir ayudas. “Los precios inadecuados o la competencia desleal no se solucionarán con acuíferos agotados, suelos desertificados y un cambio climático operando dentro de límites impredecibles”, insistieron WWF y SEO/BirdLife.
Las organizaciones tildan de «irresponsables» las medidas anunciadas el lunes desde Bruselas
La agricultura de regadío e industrial consume alrededor del 80% de los recursos hídricos en España y en conjunto, la PAC supone un tercio del presupuesto comunitario. Las organizaciones ecologistas consideran que, aunque es fundamental acompañar a los agricultores en la transición hacia una agricultura más sostenible, la política y el dinero público deben garantizar una industria que proteja los recursos naturales.
Leer también
El sector primario no es el único que ha cuestionado la transición económica verde propuesta por Europa. Las aerolíneas también cuestionan los objetivos de uso sostenible de combustible (SAF) fijados por la CE, mientras que el uso de coches eléctricos no se está implementando al ritmo esperado.
Transportistas piden al Gobierno garantizar circulación de mercancías
Aunque la Comisión y los ministros de Agricultura de los Veintisiete han recogido el guante de las movilizaciones y avanzan cambios en la PAC, el sector continúa con las protestas. Ahora, el centro de los obstáculos es la competencia considerada desleal, de terceros países que no cumplirían los requisitos comunitarios.
En Cataluña, el sindicato Unió de Pagesos y el colectivo Revolta Pagesos afirmaron haber movilizado este martes 1.200 tractores en distintos tramos de la AP-7 y de la AP-2 y la A2 para protestar por esta «competencia desleal». Se espera que los cierres de carreteras continúen mañana y a ellos también se sumarán los agricultores franceses del sindicato Confédération Paysanne, que intentarán paralizar algunos puntos de la frontera. El sindicato catalán y su homólogo español, Unión de Uniones, han pedido a los eurodiputados que voten en contra del acuerdo comercial de la UE con Chile. Las organizaciones de transporte, por su parte, han pedido al Gobierno catalán que garantice la circulación de mercancías (algunos camiones fueron saqueados esta mañana).