Cuando el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, encabezó un programa en 2017 en el McLennan Community College de Texas, sus anfitriones tenían en mente algo más que un discurso. Trabajando con el prominente abogado conservador Ken Starr, los funcionarios de la escuela elaboraron una lista de invitados para una cena en la casa de un poderoso hombre de negocios de Texas, con la esperanza de que una audiencia con Thomas fuera una recompensa para los patrocinadores de la institución, y un incentivo para posibles donantes.
Antes de que la jueza Elena Kagan visitara la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en 2019, un funcionario de Boulder sugirió una «mayor proporción de donantes por personal» para una cena con ella.
Después de que la jueza Sonia Sotomayor confirmara que asistiría a una sesión de preguntas y respuestas en 2017 en la Universidad de Clemson y a un almuerzo privado, los funcionarios de allí se aseguraron de invitar a donantes de más de un millón de dólares a la universidad de Carolina del Sur.
The Associated Press obtuvo decenas de miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos que revelan hasta qué punto los colegios y universidades públicas han visto las visitas de los jueces como oportunidades para generar donaciones, poniendo regularmente a los jueces en la sala con donantes influyentes, incluidos algunos cuyas industrias tuvieron intereses ante el tribunal.
Discursos con carga ideológica
Los documentos también revelan que magistrados que abarcan la división ideológica del tribunal prestaron el prestigio de sus cargos a la actividad partidista, encabezando discursos con políticos destacados, o promovieron sus propios intereses personales, como la venta de sus libros, a través de visitas a universidades.
Estas conductas estarían probablemente prohibidas si las llevaran a cabo jueces federales de tribunales inferiores. Pero la definición de recaudación de fondos prohibida por la Corte Suprema es muy estrecha.
«Los jueces deberían ser conscientes de que la gente está vendiendo tener acceso a ellos«, dijo la profesora de Derecho de la Universidad de Virginia Amanda Frost, experta en ética. «No creo que sean ingenuos, pero ciertamente se pusieron en situaciones en las que la gente puede afirmar de forma creíble: ‘Voy a recaudar fondos a partir de mi supuesta cercanía (al juez)’. Y eso es un problema».
En una declaración en respuesta a las preguntas, la Corte Suprema dijo: «La Corte pide rutinariamente a los organizadores de eventos que confirmen que un evento en el que hablará un Juez no es una recaudación de fondos, y proporciona una definición de ‘recaudación de fondos’ para evitar malentendidos».
«A continuación, la Corte hace un seguimiento con los organizadores del evento para obtener más información, según proceda», dice el comunicado.
«La práctica de la Corte fue útil: los jueces se negaron a aparecer en eventos a pesar de que los organizadores de los mismos dijeron expresamente a las Salas que estos no eran para recaudar fondos, tras una investigación adicional por parte de la Corte que confirmó que eran eventos para recaudar fondos».
Un momento delicado para la Corte
Sin embargo, las revelaciones llegan en un momento delicado para la Corte, que por diseño constitucional resuelve disputas que establecen límites fundamentales en la vida estadounidense.
La integridad de la corte está siendo cuestionada debido a la preocupación por los abusos éticos de los jueces y las sentencias polarizadas del tribunal, incluida la decisión del año pasado que anuló Roe vs. Wade. Una encuesta realizada en 2022 situaba la confianza en la Corte en su nivel más bajo en 50 años, con sólo un 18% que expresaba un gran nivel de confianza.
Según el juez federal retirado Jeremy Fogel, nombrado por el presidente Bill Clinton, el hecho de que la Corte funcione sin un código de conducta formal es la causa principal de algunas de las dudas que se plantean sobre ella.
AP investiga: Ética en el Tribunal Supremo En una investigación de meses de duración, The Associated Press presentó más de 100 solicitudes de registros públicos a escuelas e instituciones públicas que la Corte Suprema visitó a lo largo de los años, y la información que contienen estos registros es reveladora.
«Sin un registro, no tenés un conjunto de normas acordadas y se convierte en una cuestión de: ‘¿Me molesta esto?’ o ‘¿Me parece bien?'», dijo Fogel, que dirigió una agencia dentro del poder judicial federal encargada de educar a los jueces en cuestiones de ética. «Eso se refracta a través de una lente política y lleva a cuestiones de legitimidad. Es un verdadero problema”.
A los jueces federales de tribunales inferiores se les prohíbe en general participar en actividades de recaudación de fondos, actividades políticas y «prestar el prestigio del cargo judicial» para promover sus propios «intereses privados».
Pero a los jueces de la Corte Suprema sólo se les pide que se adhieran a lo que el presidente de la misma, John Roberts, denominó en abril un conjunto de «principios y prácticas éticas». Los magistrados sólo rinden cuentas de forma limitada de los gastos de viaje pagados y, en ocasiones, omiten revelar todos los eventos.
La Corte se benefició durante mucho tiempo de la presunción de que los jueces, que este año cobraron 285.400 dólares -Roberts ganó más-, han elegido el servicio público frente a oportunidades mucho más lucrativas.
Pero esa percepción empezó a resquebrajarse después de que los informes de este año de los medios de comunicación sacaran a la luz brechas éticas, incluidas las investigaciones de ProPublica que mostraron que Thomas aceptó vacaciones de lujo varias veces -incluido un viaje de 500.000 dólares a Indonesia en 2019- de Harlan Crow, un empresario multimillonario, donante republicano y amigo desde hace mucho tiempo.
El escrutinio estimuló las peticiones de un código ético y una mayor transparencia para los viajes de los jueces. Para llenar algunos de los vacíos de información, AP utilizó más de 100 solicitudes de registros públicos para obtener detalles, incluidas las identidades de los donantes y los políticos invitados a recepciones privadas, así como sobre los beneficios de los viajes presentados como académicos.
Además de las instituciones públicas, AP también se puso en contacto con más de 100 universidades privadas, organizaciones e instituciones benéficas donde hablaron los jueces, pero esas instituciones no están sujetas a las leyes de registros públicos y la mayoría se negó a proporcionar detalles.
Al menos una jueza, Sotomayor, parecía muy consciente del peligro de estar en un entorno con donantes. Al principio de su mandato en la Corte Suprema, rechazó una sugerencia de que cenara con los principales contribuyentes a la Universidad de Hawai durante una visita en 2012.
«No, la jueza no cenará en privado en un ‘club’ con el Sr. Boas, que es donante de la Facultad de Derecho», escribió un ayudante a los responsables de la facultad, refiriéndose a Frank Boas, benefactor desde hace mucho tiempo.
«El Canon 2(B) del Código de Conducta de los Jueces de EE.UU. establece que un juez ‘debe evitar prestar el prestigio del cargo judicial para promover los intereses privados del juez o de otros'», añadió el asesor. «La jueza es muy meticulosa a la hora de seguir esta directriz».
Antes de la visita de Sotomayor a Clemson en 2017, su personal aconsejó no dar preferencia a los donantes en un almuerzo. Pero la lista de invitados, sin embargo, incluía invitados que habían donado millones de dólares y las discusiones internas en correos electrónicos muestran que los funcionarios vieron la visita como una oportunidad para generar dinero para una junta de humanidades de la universidad. Esto demuestra una vez más la forma en que la estrecha definición de recaudación de fondos de la Corte permitió utilizar a los jueces para estimular las donaciones.
«Esperamos que la visibilidad de esta visita genere conciencia», escribió Donna Dant, directora de desarrollo, a un funcionario de relaciones con ex alumnos de Clemson. «Y, en última instancia, genere recursos».
Brian O’Rourke, otro funcionario de relaciones con ex alumnos, escribió: «Cuando usted dice donantes de $1M, por favor asegúrese de incluir a nuestros donantes corporativos en ese nivel también».
Un profesor de inglés, Lee Morrissey, que ayudó a organizar la visita, al comentar los costos de la visita, más elevados de lo previsto, la describió como un momento en el que «se necesita dinero para hacer dinero».
Contactado posteriormente dijo que no lo decía literalmente, sino que se refería a la perspectiva general de una mayor atención al programa de humanidades.
Preguntado por el acto, el portavoz de Clemson, Joe Galbraith, dijo a AP en un comunicado que no se trataba de una recaudación de fondos y que no se habían «solicitado donaciones en relación con la visita».
Entre los jueces más solicitados, Thomas es muy popular entre los conservadores. Los responsables del McLennan Community College consideraron que tenía un atractivo especial para cierta clase de donantes.
«Tuve algunas otras ideas sobre personas que podrían ser apropiadas para invitar a la cena de Clarence Thomas, principalmente porque son católicos conservadores adinerados que se alinearían con Clarence Thomas y que no han hecho donaciones anteriormente», escribió Kim Patterson, directora ejecutiva de la Fundación McLennan Community College, en un correo electrónico.
En septiembre de 2017, Thomas visitó Waco, Texas, para ser entrevistado por Starr, un viejo amigo y exconsejero independiente cuya investigación sobre la conducta sexual inapropiada de Clinton lo convirtió en un nombre conocido en la década del ´90.
La institución programó una entrevista pública, una firma de libros y dos cenas privadas.
La viuda de Starr, Alice, defendió la práctica alegando que las solicitudes de donaciones eran independientes de la visita, aunque se invitó a personas adineradas que participaban en los esfuerzos de recaudación de fondos de la universidad.
«No se trata de donar al acto de Clarence Thomas», dijo en una entrevista reciente. «Es dar a la universidad en una fecha posterior porque fueron tratados con cortesía e (invitados) a un evento muy especial. Todas las universidades de Estados Unidos lo hacen. Y si no lo hacen, no están recaudando fondos».
«‘Friendraising’ (colecta de amigos) es como se llama», añadió. «Y luego haces la gran petición con suerte más tarde».
Uno de esos amigos, se esperaba, sería Crow.
«¿Podemos Alice y yo compartir esto con Harlan Crow? Como bien sabes, él querrá conectar con la Justicia si es posible», Ken Starr, fallecido el año pasado, envió un correo electrónico a un funcionario del tribunal. (Crow y su esposa declinaron la invitación). Crow no respondió a las solicitudes de comentarios.
Entre los cerca de 100 invitados había destacados empresarios locales, líderes políticos, abogados y donantes de la institución y del Partido Republicano. La escuela encargó suficientes ejemplares de las memorias de Thomas de 2007, para cada pareja, además de cientos más para firmarlos después de la conferencia de Thomas.
En el momento del evento, Robinson formaba parte del consejo de administración de Hilltop Holdings, una empresa de capital privado con un caso pendiente en un tribunal federal. El año pasado, la Corte Suprema se negó a aceptar el caso, un resultado favorable para National Lloyds Insurance Co, una filial de Hilltop que Robinson puso en marcha.
Robinson dijo que se sentó junto a Thomas en la cena pero que nunca habló del caso.
Al día siguiente de la cena, Thomas asistió a una comida más íntima con varios funcionarios de la universidad, los Starr, Robinson y otros invitados. La universidad se negó a identificar a esas personas, citando las directrices de la oficina del fiscal general de Texas que permiten a las instituciones de educación superior no revelar los nombres de los donantes.
Thomas no fue el único que asistió a actos a los que estaban…