El senado de Luisiana, dominado por la mayoría republicana, ha aprobado recientemente un proyecto de ley que otorgaría poderes a las fuerzas de seguridad locales y estatales para detener y encarcelar a individuos que hayan ingresado ilegalmente al país, en un movimiento que sigue la línea de iniciativas similares en Texas.
En un contexto de tensiones entre los estados gobernados por republicanos y el presidente demócrata Joe Biden en relación a la seguridad en la frontera con México, Luisiana se suma a la lista de legislaturas que buscan ampliar la autoridad estatal en esta materia.
Los partidarios de la medida, liderados por la senadora Valarie Hodges, argumentan que Luisiana tiene el derecho de proteger a la nación, acusando al gobierno federal de descuidar sus responsabilidades en materia de inmigración. Por otro lado, los opositores sostienen que la medida es inconstitucional y solo contribuirá a fomentar estereotipos negativos hacia los migrantes.
A nivel nacional, legislaturas republicanas han impulsado medidas restrictivas en cuanto a la inmigración. En Oklahoma, se aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de fondos estatales para brindar servicios a inmigrantes indocumentados, mientras que en Tennessee se está considerando una propuesta para obligar a las agencias policiales a colaborar con las autoridades federales de inmigración. Medidas similares a la ley de Texas están en proceso en Iowa y Idaho.
A pesar de no compartir frontera con México, Luisiana ha sido protagonista en el debate sobre inmigración durante los primeros meses del gobierno conservador. El gobernador Jeff Landry ha ordenado la recopilación de datos sobre inmigrantes en el estado y ha propuesto destinar fondos para desplegar la Guardia Nacional en la frontera con Texas.
La iniciativa de Luisiana tipificaría como delito el ingreso ilegal al estado y permitiría a las fuerzas de seguridad locales y estatales participar en el proceso de deportación. Los infractores podrían enfrentar penas de cárcel y multas, y el gobernador estaría autorizado a establecer acuerdos con estados vecinos para fortalecer la seguridad fronteriza.
En resumen, la propuesta de ley en Luisiana ha generado controversia, con opiniones divididas sobre su efectividad y legalidad. Su futuro dependerá de la aprobación en la cámara baja y de posibles decisiones judiciales a nivel federal.