El Gobierno revoluciona la Ley de Protección al Consumidor con un nuevo decreto
En una movida inesperada, el Gobierno ha dado un paso importante en la modificación de la normativa de la Ley de Protección al Consumidor. Este viernes se oficializó el Decreto 377/2026, que tiene como objetivo principal agilizar trámites y reducir tiempos en la presentación de reclamos.
Uno de los cambios más destacados es la implementación del mecanismo de «pago voluntario» para los proveedores que han cometido infracciones administrativas. Según la nueva norma, los sancionados podrán acceder a un 50% de reducción del importe de la multa si aceptan el cargo y pagan el importe en un plazo de 10 días hábiles.
Este nuevo enfoque busca no solo facilitar la resolución de conflictos, sino también reducir los litigios judiciales y optimizar los costos operativos del Estado. La idea es que los proveedores sancionados puedan resolver rápidamente sus problemas y seguir adelante con sus actividades comerciales.
Es importante tener en cuenta que, si se apela la resolución, se perderá el beneficio del pago voluntario y el monto final nunca podrá ser inferior al mínimo legal establecido. El objetivo es garantizar que las sanciones impuestas sean justas y proporcionales a la gravedad de la infracción.
Desde el Ejecutivo se ha destacado que este mecanismo ya existe en diferentes jurisdicciones locales y en otras normas vinculadas al comercio interior. Ahora, con su incorporación al régimen nacional de protección al consumidor, se busca unificar criterios y facilitar el cumplimiento de las normativas en todo el país.
En resumen, este decreto representa un avance significativo en la defensa del consumidor y en la simplificación de los procesos administrativos. Con esta medida, se espera reducir los litigios, agilizar expedientes y garantizar que se cumplan las normas de protección al consumidor de manera eficiente y equitativa.
