“Las cárceles están llenas de pobres, que consumen drogas, que cometen pequeños hurtos, de madres que se dedican al microtráfico para poder subsistir con los hijos a su cargo. Es decir, están llenos de los más vulnerables”, explica a desde Fortaleza, Brasil, Felisa Pérez, vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que Trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD).
“Este enfoque trae gastos y sufrimientos absurdos a las sociedades”, dice Pérez. En el marco de un seminario de COPOLAD, el programa birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, representantes de 23 países, especialistas y sociedad civil han buscado instrumentos y formas de hacer las cosas de otra manera.
Desde COPOLAD se apoya a los países miembros en su lucha contra el blanqueo de capitales, para detectar y aprehender a los verdaderos actores y beneficiarios de los negocios ilícitos, por un lado. Por otro lado, se buscan medidas innovadoras para evitar el encarcelamiento de los actores que se encuentran en los últimos escalones de la cadena de la droga.
“¿Cómo proporcionarles los instrumentos y la formación para salir del círculo? Solos no pueden; Requieren microcréditos, apoyo a pequeños emprendimientos. Y para ello tienen que cooperar los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los voluntarios y las fuerzas de seguridad”, afirma el directorio de RIOD.
¿Como? “Territorializar”, por ejemplo. “Cualquier planteamiento debe ser concreto y orientado a un territorio concreto”, responde a la Inés Elvira Mejía, especialista de COPOLAD. “Para eso organizamos laboratorios de innovación”, señala, y anuncia que están inaugurando un laboratorio en Santander de Quilichao, al sur de Cali. En esta zona confluyen factores clave del fenómeno: población vulnerable, minorías étnicas, cultivo y distribución de productos y sustancias ilícitas.
¿Cómo imaginar un laboratorio de innovación en este ámbito? “Se lleva la lectura de todos los interesados para que tenga una lectura lo más compleja posible. No solo como lugares donde se encuentran y consumen drogas. Se piensan y se ponen a prueba posibles soluciones, como prototipo, le damos seguimiento, tomamos datos”, afirma Mejía. “Importante es el fortalecimiento de las redes comunitarias, sociosanitarias y de inclusión social, tratando de reducir el estigma que margina”, enfatiza Mejía. “Y en los márgenes no hay muchas opciones para la población vulnerable”, agrega.
Un ejemplo sociosanitario
La organización Viviendo trabaja con un grupo de estas poblaciones marginadas. “En el barrio Sucre de la ciudad de Santiago de Cali confluyen la distribución y el alto consumo de heroína”, explica Félix Tovar Beltrán, director de esa organización.
De las 513 personas que atiende el proyecto -con material higiénico, educación para la punción venosa, prácticas adecuadas para evitar enfermedades como el VIH, la hepatitis B y C-, el setenta por ciento vive en la calle. “Se pinchan entre cuatro y quince veces al día, en la vía pública, y las jeringas se quedan en la calle”, explica Tovar Beltrán.
Desde la perspectiva de la salud pública, que apoya COPOLAD, las entidades estatales cooperan con los programas de educación para la comunidad. “Hay que aclarar que en Colombia no se penaliza el consumo de heroína, pero sí su distribución. Estamos en el lugar donde se vende. El hecho de que se nos haya permitido suministrar Naloxona -el medicamento que revierte una sobredosis de opioides- nos ha permitido no tener una sola muerte en 2021 entre las 85 y 100 sobredosis que enfrentamos al año”, agrega el director de Viviendo.
Conclusiones para Barcelona
En cualquier caso, las conclusiones del seminario «Drogas, vulnerabilidades y territorios urbanos» serán enviadas al foro de alto nivel sobre drogas que COPOLAD organiza en Barcelona a finales de agosto, con un enfoque multidisciplinar.
“Este espacio nos ha servido para constatar que solo las políticas públicas integrales que aborden las drogas serán efectivas, junto a otros elementos presentes en la vida de las comunidades. También es necesario trabajar con el concepto de seguridad pública ciudadana, que respete los derechos humanos”, concluyó Javier Sagredo, director de COPOLAD.
(cp)