Molinos Agro y Louis Dreyfus abandonan disputa por Vicentin: Mariano Grassi toma el control
A última hora del martes, las empresas Molinos Agro y Louis Dreyfus sorprendieron al confirmar que abandonaban definitivamente la disputa por quedarse con Vicentin durante el proceso de rescate. Esta jugada allana el camino para que Mariano Grassi tome el control de la empresa.
En diciembre pasado, tras la aprobación del acuerdo por parte del Tribunal de Santa Fe, que implicó la transferencia del control de la empresa a Grassi, ambas empresas apelaron el fallo del juez Fabián Lorenzini, alegando que generó "daño irreparable" y cuestionando su actuación. Sin embargo, decidieron cerrar el tema y retirar el recurso que habían interpuesto.
La alianza de empresas agrícolas de la Familia Pérez Companc y la firma francesa prometió continuidad operativa y negó el desguace de la firma, estimando un desembolso cercano a 70 millones de dólares para poner en marcha la estructura de Vicentin y hacerla competitiva. La propuesta contemplaba el pago inmediato del 80% de la deuda a los acreedores, así como la posibilidad de recuperar el 90% del crédito en tres años.
La salida de las empresas se produce en un momento en el que Grassi ya ha consolidado la dirección operativa de la cerealera y avanza con la reestructuración del grupo. Con el atractivo fuera de escena, el empresario gana margen para seguir estabilizando la operación y afrontar la nueva etapa de la firma sin uno de los principales frentes judiciales abiertos.
A principios de este año, la agroexportadora puso en marcha el esquema de pagos previsto en el acuerdo concursal, habiendo pagado a casi 800 acreedores hasta el momento, de un total de 1.722. Tanto la planta de Ricardo como la de San Lorenzo están operativas a su máxima capacidad productiva.
En cuanto a la Nodo Norte, la firma está normalizando la producción y trabajando en proyectos que apuntan a maximizar la capacidad. La crisis de Vicentin comenzó a finales de 2019 cuando el agroexportador anunció el cese de pagos y declaró un default por más de 1.300 millones de dólares. Meses después, en febrero de 2020, la empresa solicitó la apertura del procedimiento de concurso preventivo en el Juzgado de Santa Fe.
El proceso de quiebra provocó una crisis salvación que permitía a terceros presentar propuestas para hacerse cargo de la empresa si no se aprobaba la propuesta de pago presentada por la propia empresa. En la última etapa del proceso, participaron varios grupos interesados en salvar a la agroexportadora, siendo la propuesta de Grassi la elegida por la Justicia santafesina.
